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13 de noviembre de 2017

Macri ya definió que el ajuste lo tienen que pagar los abuelos jubilados

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El pacto entre el presidente y los gobernadores se sostiene en una reducción futura de los incrementos de las jubilaciones y un brutal vaciamiento de la ANSES. Los abuelos perderían unos 100 mil millones de pesos anuales mientras que la administradora de jubilaciones y pensiones resignaría otros 180 mil millones.


Macri se tomó tres semanas para blanquearles a los 24 gobernadores los costos políticos que deberán afrontar, en conjunto, para reducir el déficit fiscal en los próximos dos años

Para reordenar los fondos coparticipables, en el Ministerio de Hacienda diseñan la creación de asignaciones específicas del Tesoro nacional y una ingeniería financiera cuya pieza más delicada, y polémica, es el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria que apuntaría a reducir el incremento de los haberes previsionales y que daría la base monetaria para el acuerdo entre Macri y los gobernadores.

Para justificar semejante arremetida contra la clase poasiva, el Presidente afirmó ante los jefes provinciales en la reunión del jueves último: “La ANSES está al borde de la quiebra”.

“La reforma previsional es clave porque uno de los factores más importantes son los ingresos para la ANSES, que están atados a los impuestos: redujimos el dinero de Ganancias y lo reemplazamos con el reordenamiento del Impuesto al Cheque”, se justificó un funcionario de la jefatura de Gabinete ante las consultas de este diario. El problema es que las cuentas no cierran (ver aparte). O, mejor dicho, sólo cierran con una caída en los ingresos de los jubilados –se menciona del orden de los 100 mil millones de pesos anuales– y con una fuerte reducción de los ingresos de ANSES, calculada en torno de 180 mil millones de pesos anuales.

Entre las argumentaciones que esgrimió el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a los gobernadores, hay un decálogo de comparaciones y críticas al actual sistema de movilidad jubilatoria. El gobierno sostiene que en la base de reparto previsional hay tres criterios distintos para distribuir 1,001 billón de pesos anuales (millón de millones), con una fórmula poco clara, poco transparente y discrecional, con agravantes –de acuerdo con esa opinión– como la adecuación excajas jubilatorias provinciales y la última moratoria.

Azuzándolos con el palo de la inexorable quiebra de ANSES, se le presentaría al gobierno un escenario previo, en el marco de la reforma laboral en diseño, para impulsar la implantación de un sistema jubilatorio mixto, con un componente de reparto, como el actual y la reexperimentación de un sistema privado, como el que funciona en Chile.

“Van a echar mano a la ANSES porque con lo que le quitan con Ganancias no lo reponen con el Cheque, entonces eso va al desfinanciamiento de la ANSES como una etapa previa a la reforma previsional que buscará el gobierno para crear un sistema privado de jubilación”, dijo ayer el economista Rubén Lo Vuolo en declaraciones radiales, primer impulsor de la Asignación Universal por Hijo y exasesor económico de Elisa “Lilita” Carrió. En su opinión, hay similitudes con la experiencia de los años ’90, cuando hubo una rebaja de aportes patronales que llevaron al desbalance del sistema previsional y su posterior crisis. “No es lo mismo, pero algo se incuba”, agregó.

Los argumentos que deslizan en el gobierno no desmienten al jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien aseguró que las actualizaciones jubilatorias serán de acuerdo a la inflación, pero la ingeniería que tienen en sus escritorios incluye un juego de varias piezas clave: la firma de un pacto fiscal (que está en plena negociación con los gobernadores), el envío de una ley de reforma impositiva, que podría ser girada al Congreso mañana, y una reforma de impuestos provinciales, con especial énfasis en los Ingresos Brutos. La cuarta pieza, tan importante como las otras, es “el paquete de leyes” que prepara el Ejecutivo en materia previsional, con eje en la movilidad jubilatoria.

“El presidente lo dijo claro en la reunión (con los gobernadores), acá todos tenemos que ceder un poco, y en esta negociación todos perdemos un poco: la Nación, las provincias y los municipios”, contó el vocero de un gobernador de Cambiemos a este diario. La frase es la ilustración gráfica del movimiento fiscal que negocia el gobierno con los mandatarios provinciales. El objetivo, según insistió Macri, es “lograr el equilibrio fiscal lo más pronto posible y bajar la inflación para crear más empleo”, aunque eso implique generar cambios drásticos en un sistema jubilatorio que, desde la última moratoria, alcanza casi a la totalidad de las personas en edad de hacerlo.

Entre quienes dibujan la ecuación que revisa el entorno presidencial, sobre textos que aún no han sido enviados al Congreso, hay cierto arrepentimiento por el pago y financiamiento por la aplicación de la “ley de reparación histórica”, que apuntó a evitar los juicios entablados por jubilados contra el Estado por el reajuste de sus haberes. Aunque se trata de una iniciativa oficial, que le generó un altísimo rédito electoral al gobierno, la erogación no fue mencionada por el presidente como una de las razones sobre la presunta quiebra de la ANSES. Tampoco aparece en los gráficos y estadísticas que Hacienda les entregó a los gobernadores.

El ajuste sobre la ANSES y las jubilaciones se da en el marco de un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia presentado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, para recuperar 50 mil millones de pesos anuales del Fondo del Conurbano Bonaerense.

Macri arrancó la reunión del jueves último con los gobernadores con una certeza: el desenlace de las peleas de cada provincia con la Nación por la coparticipación federal depende, en gran parte, de reordenar el sistema impositivo y previsional. Es decir, el ajuste lo financiarán los jubilados

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