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17 de noviembre de 2017

Polémica por un decreto que modificaría la Ley de Salud Mental

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Desde el Ministerio de Salud de la Nación se redactó un proyecto de reforma del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 que, según los especialistas, “es considerada en la actualidad la mejor ley de salud mental del mundo”. Más de 50 organizaciones, cátedras y asociaciones dedicadas al tema firmaron un comunicado solicitando que el Ejecutivo no firme este decreto “por el cual se pretende dar un giro rotundo en la política de salud mental que elimina la perspectiva de derechos humanos”. Instalada la polémica, desde el ministerio salieron a aclarar que dicho proyecto "es un borrador" y que la reforma está en debate.


“El Gobierno Nacional pretende modificar la Ley Nacional de Salud Mental mediante un decreto a sola firma del Poder Ejecutivo, lo cual es una derogación encubierta de la misma. Esto significaría un grave retroceso en cuanto a la perspectiva de Derechos Humanos de la ley que protege a los usuarios de salud mental en nuestro país. Esta nueva reglamentación resulta una clara contradicción con los principios de esa ley y con los derechos y las directrices emanadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas”, dice el documento firmado por las organizaciones.

El proyecto de decreto del Ministerio se dio a conocer la semana pasada. Aquí puede leerse completo: http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2017/11/decreto-1.pdf

El documento que se opone al decreto resalta como “sumamente grave” que “se intente hacer esta reforma a través del decreto reglamentario cuando es evidente que trata de modificar los postulados centrales de la Ley Nacional de Salud Mental. Por esa vía se evita la intervención del Congreso de la Nación en el debate, ámbito institucional para las modificaciones de este tenor”.

Las organizaciones --entre las que están la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM)-- resaltan los “puntos más preocupantes” del decreto:

* “Modifica la concepción de la salud mental como un proceso multideterminado por componentes históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos, y reinstala el modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista”.
* “Reinstala el manicomio bajo el nombre de 'hospitales especializados en psiquiatría y salud mental' y admite el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a considerar 'enfermos' y habilita tratamientos en comunidades cerradas para las personas con consumo de drogas”.
* “Lesiona y desnaturaliza el derecho a una defensa técnica de las personas usuarias, y establece que los abogados defensores deben ponderar la opinión del equipo tratante para no inmiscuirse en el esquema terapéutico, circunstancia que desoye la voz y los intereses de la persona usuaria”.
* “Reinstala la lógica del modelo tutelar de sustitución de la voluntad, al reconocer expresamente que una persona puede ser declarada completamente incapaz en franca contradicción con las disposiciones del reciente Código Civil y Comercial de la Nación y normas de superior jerarquía”.
Por otra parte, denuncian que se “quita de la competencia del Ministerio Público de la Defensa la designación de la máxima autoridad del Organo de Revisión de la Ley y se la adjudica al Ministerio de Salud de la Nación. De esta forma la Autoridad de Aplicación de la Ley será quien designe al responsable de ejercer las funciones de control sobre sí misma”.

“El decreto es manifiestamente regresivo. Es inconstitucional y va contra la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y contra la Ley de Salud Mental que está enfocada en derechos humanos --dice a Clarín María Celeste Fernández, coordinadora del Area Discapacidad y Derechos Humanos de ACIJ--. Reinstala la idea del manicomio... La ley vigente es clara. Propone, entre otras cosas, la creación de una red de dispositivos comunitarios para la rehabilitación, pero eso requiere voluntad política y asignaciones presupuestarias”.

“Este proyecto tiene problemas de forma y fondo --asegura Marisa Herrera, investigadora del CONICET--. Nunca un decreto reglamentario del Ejecutivo puede modificar una ley. Es una forma antidemocrática de saltearse al Congreso. El problema de fondo es que se hizo en tiempo récord y no se consultó a nadie. Las ONG's repiten ‘nada de nosotros sin nosotros’, y acá nadie les preguntó nada”.

“Estamos muy preocupados y esperamos que no se firme este decreto porque va en franca contradicción con el espíritu de la ley de 2010 y su decreto reglamentario de 2013. Acá no están reglamentando cosas que faltaban, acá están cambiando las cosas -sostiene Graciela Tozué, presidenta de la Asociación Civil Intercambios-. Y algo muy grave. El órgano controlador será el propio Ministerio de Salud”.

Clarín trató infructuosamente hablar con el director nacional de Salud Mental André Blake, pero no lo logró. Siete horas duraron los múltiples llamados. Al final, llegó un mail: "Comunicación del Ministerio de Salud de la Nación sobre la Ley de Salud Mental: El Ministerio de Salud está trabajando en una nueva reglamentación de la Ley de Salud Mental para precisar sus alcances y hacer operativas algunas de sus disposiciones. El borrador que circuló no es definitivo. La nueva reglamentación está en etapa de construcción y será debatida durante las próximas semanas en nuevas rondas de consultas por todos los actores abocados a la salud mental en la Argentina para trabajar sobre un consenso que contribuya a mejorar el abordaje de la temática. La semana próxima asumirán nuevas autoridades en el Ministerio que tomarán este tema para acordar la mejor reglamentación de la ley vigente".

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