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25 de septiembre de 2019

Macri usó al fondo de los jubilados para financiarse por encima del límite legal

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Ante la imposibilidad de continuar con la fiesta de deuda para financiar la fuga de capitales, Mauricio Macri acudió al FMI. Cuando esto ya no alcanzó, aceleró el uso de las cajas estatales, como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Por esta excesiva manipulación, el organismo dependiente de ANSES superó el límite legal de tenencia de bonos estatales. Pero, además, por los negociados y lo que en principio se analiza como malas decisiones, los funcionarios perdieron el 50% del patrimonio en cuatro años y ahora administran sólo U$S 32.000 millones en lugar de los U$S 64.000 millones que había en 2015.


El 9 de agosto de este año, antes de las elecciones primarias y la posterior megadevaluación, el “fondo de los jubilados” contaba con $ 1,1 billón en títulos públicos, pudo saber El Destape por documentación interna al ente de seguridad social. El viernes 13 de septiembre, las cotizaciones incluidas en el “inciso A” se derrumbaron a $ 1,0 billón.

En concreto, estos últimos $ 1.021.404.000.000 en bonos equivalían al 51,02% de la cartera, lo que resulta violatorio a la normativa que regula al FGS. Estos activos no pueden superar el techo del 50%, de acuerdo al artículo 74 de la ley 24.241.

El jueves 12 de septiembre los bonos representaban el 48,6% de los activos y los técnicos de ANSES les habían advertido a sus autoridades que sólo había lugar para adquirir $ 28.200 millones adicionales, reconstruyó este portal por fuentes internas. No obstante, el titular de hecho del Fondo, Alejo Maxit, ordenó la colocación directa de $ 35.000 millones y U$S 275 millones en papeles del Tesoro a tasas que aparentan una situación normal, pese a que se trata de un emisor en default. Esos pesos del FGS seguramente eran necesitados por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, para hacer frente a los intereses que vencieron el 21 de septiembre para el Botapo 2020, en su gran mayoría en poder de bancos.

La polémica decisión la tomó el Comité Ejecutivo del órgano, integrado por Maxit, el director ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso, y tres secretarios del Palacio de Hacienda. No obstante, por negarse a violar la legislación que rige al FGS desde su creación, ningún empleado de planta aceptó la orden.

Ante esto, el 13 de septiembre, el propio Maxit asumió las responsabilidades de la mesa de operaciones. “En uso de las facultades del artículo 3 de la ley 19.549, me avoco a las competencias de la Dirección de Transacciones del FGS y se instruye suscribir directamente” Letras del Tesoro, fueron las palabras claves del expediente que rubricó el secretario general del ente jubilatorio que llegó a manos de El Destape.

Aunque no lo respondieron oficialmente para la consulta de este medio, en el ente previsional aluden a que esta medida estaba avalada por la ley del blanqueo de 2016, ya que en su artículo 29 se plantea que “el FGS tendrá un plazo máximo de cuatro años para readecuar sus inversiones a los nuevos topes (…) como consecuencia del cumplimiento de los pagos previstos en el programa (de Reparación Histórica)”. Este argumento resulta flaco ante el contraste de que desde 2008 los bonos jamás habían siquiera alcanzado el 50% de las tenencias. Es decir: el FGS ya estaba readecuado desde hace 11 años.

De forma oficial, desde ANSES se limitaron a adelantar que en los próximos días el Poder Ejecutivo emitirá un DNU que regule los títulos públicos en poder del organismo. En los pasillos de Hacienda aclaran que se pretende mantener para el FGS las condiciones financieras previas a las del default cuando venzan los siguientes papeles de deuda.

Intentaron usar a ANSES para evitar el “reperfilamiento” 


El Gobierno Nacional había convocado a una licitación de Letras del Tesoro para el 28 de agosto para recaudar dinero suficiente para abonar vencimientos de bonos cercanos. Como no consiguió ofertas para recaudar lo que precisaba, el ministro de Hacienda declaró el “reperfilamiento”, que implicó un default selectivo. Sin embargo, la institución que sí se presentó para prestarle dinero al Estado central fue el FGS.

Ante un riesgo país por encima de los 2.000 puntos básicos, un informe técnico de ANSES detallaba que para la suscripción de Letes a 35 días se debía exigir una tasa de al menos el 48%, mientras que para las Lecaps el interés debía estar por arriba del 95%. En un documento posterior, Maxit opinó que Argentina se encontraba en un contexto provisoriamente fluctuante por las elecciones, por lo que decidió desautorizarlo. Planteó que ese análisis financiero “no menciona la volatilidad de los mercados, históricamente verificada en los procesos electorales”.

Pero los trabajadores de la mesa de operaciones también rechazaron estas excusas para pedir sólo 8% de tasa en vez del piso del 48% que correspondía para U$S 693 millones de Letes, que se agregaban a la correcta oferta de 95% pero para $ 20.000 millones de Lecap. “En razón de lo valorado, me avoco a las competencias de la Dirección de Transacciones del FGS”, repitió el secretario general de ANSES en la orden del 28 de agosto.

De acuerdo a fuentes internas consultadas en las distintas dependencias, Maxit responde políticamente al secretario de Finanzas, Santiago Bausili, el encargado de emitir la deuda del Estado por Macri. Esto concuerda con la intención de abusar del Fondo en contra de su propia conveniencia sólo para saciar las necesidades de liquidez del Gobierno Nacional y la insistencia a pesar de la oposición de los técnicos y de todos los empleados de ANSES. Las consecuencias para el patrimonio de todos los trabajadores y jubilados fueron catastróficas.

El vaciamiento del fondo de los jubilados 


El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se derrumbó desde los U$S 64.000 millones que quedaron en octubre de 2015 a nada más que U$S 32.000 millones al 30 de agosto de este año, reveló El Destape. La caída implica el 50% de los activos luego de cuatro años de desmanejos y denuncias de negociados ilegales.

La Justicia logró frenar el memorando con Qatar y tiene en investigación la compra de Lebac a través de la financiera de Luis Caputo, la venta de acciones de Petrobras, la compra de bonos de dos empresas donde Luis María Blaquier era director, entre otras.

A Macri le conviene el achique de lo que supo ser la mayor caja de Argentina para sus planes de reforma jubilatoria. El PRO tiene en agenda desde 2016 imponer un sistema mixto, pero para eso precisa demostrar que el régimen actual no es viable.

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