En este marco, Bastourre destacó “los efectos perjudiciales de la insostenibilidad de la deuda externa para el goce efectivo de los DD.HH, en particular los derechos económicos, sociales y culturales. Además, explicó que recuperar la sostenibilidad de la deuda como política de Estado colabora en los esfuerzos para promover un sendero de crecimiento estable e inclusivo para todos y todas”, según destaca un comunicado de la cartera financiera.
“Cuando el presidente Alberto Fernández asumió en diciembre de 2019, reivindicó la defensa de los Derechos Humanos como columna vertebral de las políticas públicas de nuestro país. Este principio también aplica a la problemática de la insostenibilidad de la deuda heredada”, sostuvo Bastourre durante su intervención.
En este sentido, el Secretario aclaró que “restaurar la sostenibilidad era una condición necesaria para cuidar los intereses de los argentinos y las argentinas, en especial de los sectores más vulnerables, hecho que quedó establecido en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”.
Más adelante, puso en relieve que “la sostenibilidad de la deuda debía ser compatible con la recuperación de la economía productiva y la mejora de los indicadores sociales básicos”.
Asimismo, el Secretario hizo hincapié en que “la reestructuración que realizamos permitió despejar el horizonte de vencimientos y liberar recursos para plegar políticas públicas que ayuden a contener los efectos de la Pandemia -que han golpeado al mundo y a nuestro país- y garanticen a los sectores más relegados el acceso a los DD.HH básicos”, añadió.
En este sentido, Bastourre precisó que “para el año 2021, previo a la reestructuración, los vencimientos de deuda pública en moneda extranjera ascendían a 12.500 millones de dólares; 6.400 en conceptos de interés; y 6.100 en conceptos de pagos de capital, mientras que tras el canje, serán solo 150 millones en concepto de pagos de interés”.
El funcionario detalló que “el pago de intereses netos para 2021 en términos del PBI se estima en 1,5%, la menor cifra en los últimos años. Al asumir, se proyectaba una carga del 2,9%. Como contracara de la reducción de intereses de la deuda, el Presupuesto 2021 prevé un aumento en términos del PIB de los recursos a la inversión social, educación, salud, vivienda, y ciencia y tecnología”.
Por su parte, Pietragalla Corti, manifestó que “las políticas de DD.HH tienen que ser transversales a nuestra gestión, y pensar una economía que mantenga la defensa de estos derechos es fundamental. Discutir políticas económicas y DD.HH va de la mano con nuestro proyecto político”, agregó.
También participaron Rosana Beben, titular de la Unidad de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa del Ministerio de Economía de la Nación; Juan Pablo Bohoslavsky, ex experto independiente en Deuda y Derecho Humanos de las Naciones Unidas; y Francisco Xavier Mena Vasconez, representante adjunto en América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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