El flamante titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, está en el ojo de la tormenta tras revelarse una serie de irregularidades que incluyen la posesión de un departamento no declarado en Miami, denuncias de sociedades offshore y un presunto negociado con chips de trazabilidad para el ganado. Estos hechos empañan aún más la gestión de Javier Milei, ya golpeada por otros escándalos recientes.
El departamento en Miami: una omisión que pesa
Pazo, cercano al ministro de Economía Toto Caputo, no ha presentado su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción desde que asumió su cargo. Según denuncias, posee un departamento adquirido en 2010 a través de la sociedad Harbor House 1533 Corp., ubicada en Collins Avenue, Miami. La propiedad nunca fue incluida en sus declaraciones juradas previas como funcionario público, lo que aviva las críticas sobre su falta de transparencia.
Vínculos con sociedades offshore y el sector agropecuario
Investigaciones apuntan a que Pazo mantiene seis sociedades offshore en Panamá, algunas vinculadas al grupo Rapsodia, donde trabajó previamente. Estas incluyen miembros destacados del empresariado argentino, como Josefina Helguera, su esposa, y directivos del Grupo de Narváez. Este entramado refuerza la percepción de opacidad en sus actividades financieras.
Por otro lado, Pazo ha sido acusado de maniobrar para implementar chips de trazabilidad electrónica en el ganado, una iniciativa que estaría respaldada por Invernea, un fondo de inversión que él mismo fundó junto a figuras cercanas al gobierno, como Santiago Bausili y Nicolás Caputo. El proyecto, financiado por el BID, enfrenta cuestionamientos sobre los costos reales de los dispositivos y su impacto en los productores.
Impacto político y falta de respuesta del gobierno
El caso de Pazo se suma al escándalo que involucra al senador Kueider, lo que coloca a la administración Milei bajo una presión constante. Desde la oposición, figuras como el diputado Rodolfo Tailhade han sido especialmente críticas, calificando la situación como una muestra de la falta de ética en las más altas esferas del gobierno.
Aunque desde el oficialismo intentan minimizar el impacto, las denuncias contra Pazo y su proximidad con Caputo complican aún más la defensa. Por ahora, la falta de respuestas claras agrava la percepción de un gobierno que prometió transparencia, pero enfrenta acusaciones de reproducir prácticas de corrupción estructural.
Este escándalo podría tener repercusiones significativas en la estabilidad de las políticas económicas y en la confianza pública hacia la gestión de Milei, quien debe lidiar con crecientes tensiones tanto en el ámbito político como en el social.