La Justicia decidió abrir una investigación sobre los hechos denunciados por el actual interventor del Enargas, Federico Bernal, contra el ex ministro de Energía Juan José Aranguren y otros funcionarios, en relación a la fijación de precios en dólares al gas para el mercado interno durante los años 2018 y 2019. Según denunció Bernal, este acuerdo provocó “un perjuicio millonario a las arcas del Estado y al bolsillo de los usuarios, y un beneficio indebido para las empresas productoras”. Aranguren fue CEO de Shell Argentina hasta seis meses antes de asumir como ministro del gabinete de Mauricio Macri.
La denuncia que efectuó Bernal recayó sobre el ex ministro y su ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos Marcos Pourteau, el ex presidente del Enargas Mauricio Roitman, los cuatro miembros del Directorio del Enargas que lo acompañaban en su gestión y la ex gerenta de Legales del organismo.
El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a Aranguren, Pourteau, Roitman y a los exdirectores del Enargas y dispuso una serie de medidas de prueba, entre ellas el envío de un oficio al Enargas para que remita en formato digital las resoluciones cuestionadas y un “detalle de todas las resoluciones/actuaciones del ente” en el tema.
Al organismo también se le pidió “un detalle de todas las resoluciones/actuaciones del ente vinculadas con la determinación de precios para la comercialización de gas en PTS” desde el año 2016. Además la fiscalía requiró al Ministerio de Desarrollo Productivo el envío de documentación.
La denuncia contra Aranguren
La denuncia detalla que en noviembre de 2017, Aranguren “convocó a los productores y distribuidores de gas para establecer las bases y condiciones en la comercialización de gas”, semanas antes de que se venciera el período de emergencia (31 de diciembre), momento a partir del cual el precio debía pasar a ser definido en régimen de competencia.En cambio, la propuesta de Aranguren fue fijar el precio en dólares y a tipo de cambio variable (para su conversión en pesos) para los contratos de 2018 y 2019.
En los primeros meses de 2018, el gobierno de Mauricio Macri y Luis Caputo (ministro de Finanzas) perdió el crédito internacional por la abultada deuda acumulada en los dos años anteriores, y en mayo decidió recurrir al FMI para poder sostener financieramente al gobierno ya en crisis.
Fue un año de fuertes devaluaciones y esa inestabilidad se trasladó a las tarifas del gas por redes, por imperio del acuerdo impulsado por Aranguren. Este dejó su cargo y por una orden judicial no pudieron seguir aplicándose los aumentos. La alternativa que ofreció el nuevo titular del área (degradada a Secretaría), Javier Iguacel, fue que los aumentos del gas acordados, se consolidaran como una deuda de los usuarios a los que se les cobraría “en 24 cuotas mensuales a partir de enero de 2019”.
Así lo instruyó el Enargas a las distribuidoras, pero no llegó a aplicarse. El gobierno de Macri decidió que el Estado le pagara a las productoras el ajustazo de Aranguren, dada la inconveniencia política de aplicar el aumento en pleno año electoral. Ganaron las empresas, pero Macri igual perdió.
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