Errores que complican la aplicación del decreto
El decreto sobre retenciones, clave para regular las exportaciones agroindustriales, ha quedado en pausa tras detectarse errores importantes en su redacción. Según información fuentes del sector, los exportadores advirtieron problemas técnicos que imposibilitan su implementación inmediata, lo que forzó al Ministerio de Economía a postergar su publicación.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), que representa a los principales actores del sector, reclamó al Gobierno precisiones sobre los alcances del decreto, especialmente en lo que respeta a la soja paraguaya que ingresa para ser procesada y exportada desde Argentina.
El conflicto con la soja paraguaya
Uno de los puntos más polémicos del decreto es el tratamiento impositivo de la soja importada desde Paraguay. Este insumo representa una parte significativa de las exportaciones argentinas, pero las imprecisiones del texto generan incertidumbre sobre el cálculo de las retenciones y su impacto en los costos del sector exportador.
Los exportadores advirtieron que las reglas propuestas en el decreto no solo podrían generar sobrecostos, sino también desalentar la actividad en un momento crítico para el comercio exterior argentino, que enfrenta una caída de ingresos por menores precios internacionales y sequías recientes.
Un debate con impacto económico
La demora en la implementación del decreto también deja en suspenso las proyecciones fiscales del Gobierno, que contaba con estos ingresos para reforzar sus arcas en un contexto de fuerte presión inflacionaria y ajustes de cuentas.
Desde el sector agroindustrial, insisten en la necesidad de un diálogo más fluido con las autoridades para evitar decisiones que afecten la competitividad de las exportaciones, un motor clave de la economía argentina.
Perspectivas a corto plazo
Fuentes cercanas a Economía aseguran que el decreto está siendo revisado para corregir los errores técnicos y garantizar su aplicación. Sin embargo, el conflicto pone de aliviar las tensiones estructurales entre el Gobierno y el sector exportador, y deja en evidencia la complejidad de regular un mercado atravesado por intereses locales e internacionales.