Una asesora tutelar y un grupo de madres y padres denunciaron ante el juez en lo contencioso administrativo y tributario Guillermo Scheibler el incumplimiento de la medida cautelar que les impidió a los establecimientos educativos computar las faltas a quienes opten por no asistir a clases en forma presencial y, en algunos casos, describieron la persecución a esas familias, como se informó este lunes, a través de un pedido del gobierno porteño para la confección de listas de quienes eligieron adherir al DNU presidencial.
Las presentaciones están dirigidas contra la administración de Horacio Rodríguez Larreta, que tampoco cumple con la indicación judicial de garantizar la educación remota. Una de las presentaciones pide que se les ponga una multa diaria al jefe de gobierno porteño y a la ministra de Educación, Soledad Acuña, de 10.000 pesos diarios mientras continúen si acatar la orden judicial.
Scheibler dictó la semana pasada una medida cautelar a pedido de más de una veintena de familias con hijos en escuelas públicas y privadas que a través de un amparo colectivo buscaron respaldo a su voluntad de acatar el DNU 241 presidencial que suspendió las clases presenciales para el Area Metropolitana por quince días mientras Rodríguez Larreta anunciaba su decisión de ignorarlas.
El juez había ordenado que no se computen las faltas y que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires garantice las clases virtuales. La disposición apuntaba a que resguardar también las vacantes y las becas. Convocó a la vez a otras madres y padres que puedan tener interés de participar en el proceso para que den su opinión. El planteo inicial pide un nuevo protocolo para que se pueda optar por la presencialidad o no presencialidad.
El viernes último el gobierno porteño apeló la medida cautelar en cuestión e intentó que quede suspendido su efecto. Scheibler aceptó el trámite pero no la suspensión de la cautelar, que sigue en pie pero es ignorada por numerosos establecimientos educativos que invocan órdenes e indicaciones del gobierno de la CABA.
La Asesora Tutelar Mabel López Oliva se presentó ante el juzgado para denunciar el incumplimiento después de recibir varias denuncias de las familias.
Su escrito describe distintos tipos de planteos de quienes comunicaron a escuelas y colegios donde asisten sus hijxs que optaron por la no presencialidad: algunas escuelas les anunciaron que “no darán contenidos virtuales”; otras no respondieron; una escuela les dijo a las madres y padres que la directiva del Ministerio de Educación porteño es que la “asistencia a clases es de carácter obligatoria” y que por eso la excepcionalidad sólo “será justificada con certificado médico”, para lo cual envían un formulario para justificar las faltas.
Oliva adjunta todos los documentos y comunicaciones entregadas por las familias. Eso incluye la captura de pantalla de un correo enviado por la supervisión del Distrito Escolar 10 desde la casilla “[email protected]” a las directoras y directores de sus escuelas (en Núñez, Belgrano y Saavedra) donde se les pide que reenvíen al Area de Educación Primaria “los e-mails enviados por las familias que soliciten adherir al DNU” para “dar respuesta judicial por vulnerar al menor el derecho a la educación” (sic).
Un docente relató que desde la dirección le habían pedido los nombres de quienes no asistían en forma presencial para armar una lista, y una directora contó que la supervisora de su distrito le sugirió, igual que otras de sus pares, que “labrasen actas para registrar formalmente” a las familias que adhirieron al DNU.
La asesora tutelar le dice al juez que en función de todas las denuncias recibidas se debe dar por “incumplida” la medida cautelar y pide que le ordene al gobierno porteño que en 24 horas acredite la notificación de parte de las supervisiones distritales de la medida cautelar que impide computar faltas y quitar vacantes, y las disposiciones para garantizar las clases a distancia.
Scheibler también recibió una presentación de 27 familias que reflejan el mismo tipo de situaciones que describe la asesora titular tanto en escuelas y colegios públicos como privados, así como el correo del Distrito 10. “El gobierno de la Ciudad ha redoblado su apuesta y pretende no cumplir con lo ordenado y ensañarse en una discusión proselitista propia del mes de septiembre (mes en el que se dará curso al calendario electoral) pero no a la de este abril del pico de casos en este tramo de la pandemia”, se quejan las familias, que además destacan su compresión de que el DNU que suspendió la presencialidad pretendía reducir la circulación masiva de personas y de que las clases se seguirían impartiendo.
Enumeran algunos ejemplos, entre ellos escuelas que responden con buena predisposición, como la número 12 del Distrito 6, pero que alega que no cuenta con personal docente para garantizar la enseñanza virtual. En otras, como el Liceo 9, directamente notificaron: “Las faltas serán registradas por una cuestión de Responsabilidad Civil.
Si quedara comprometida la regularidad del/la estudiante, serán revisadas oportunamente. En función de que los profesores deberán dar las clases de manera presencial, quedan suspendidas las clases por meet informadas, salvo aquellas a cargo de profesores exceptuados de la presencialidad…” Y la denuncia muestra que en escuelas privadas se repite el panorama.
En la “Dalmacio Velez Sarsfield” (que pertenece al club), dicen: “debemos sostener y priorizar la presencialidad de acuerdo al régimen que se aplica en las escuelas de la jurisdicción”. En “La Mennais” advierten a las familias: “deberemos proceder formulando presentaciones ante los organismos oficiales” debido a que “la ausencia no encuentra fundamento alguno”. Hay más ejemplos presentados de este tenor.
El planteo enfatiza el incumplimiento de la disposición del propio juzgado y pide multas para Rodríguez Larreta y Acuña de 10.000 pesos por cada día de incumplimiento. Scheibler tomaría este martes una decisión.
Comentar