En varias ocasiones, el ejecutivo porteño intentó mostrarse como una administración transparente, que pone a disposición de la sociedad y de toda persona la información pública que tiene en su haber. Durante mucho tiempo, el caballito de batalla más pronunciado por la gestión de Rodríguez Larreta fue el «acceso a la información pública», conocido también por el número de la Ley que lo identifica: La 104. Nuevamente «mostrarse cómo» y la realidad chocan en el gobierno porteño.
Este miércoles, el juzgado N° 21, a cargo de la Jueza María Soledad Larrea, ordenó el embargo de las cuentas de la ministra Soledad Acuña, por ocultar información solicitada mediante la Ley 104. Los fondos obtenidos serán donados a dos cooperadoras escolares, una de ellas es la de la Escuela Normal Superior N 2 DE 6 Mariano Acosta, de Balvanera, una de las escuelas que se enfrentaron al gobierno porteño en el marco de las tomas.
El 28 de noviembre de 2018, el abogado Eduardo Daniel Barreyro promovió una acción de amparo contra el GCBA en los términos de la Ley 104, solicitando a la ministra de Educación Soledad Acuña el detalle de secciones y turnos para la franja etaria comprendida entre los 45 días y los 3 años, existentes en la Escuela Infantil N° 6 Naranjo en Flor, ubicada en Galván 3710.
Además, solicitó que la ministra informe la capacidad de cada sección desglosada por turnos y por cantidad de vacantes disponibles para los aspirantes, correspondientes al ciclo lectivo 2019; los aspirantes que seleccionaron el establecimiento como primera opción desglosado en secciones y turnos; las vacantes asignadas en cada sección y turno; las vacantes asignadas como prioridades de ingreso de primer orden para cada sección y turno; y, por último, las vacantes asignadas como prioridad de ingreso de segundo orden, indicando específicamente la distancia entre el establecimiento hasta el domicilio del último aspirante para cada sección y turno.
«Desde entonces, el gobierno de la Ciudad jamás respondió el pedido de informes que debió hacer en apenas 15 días hábiles. Entonces, realicé la demanda judicial y salió favorable en primera y segunda instancia, y hasta con sentencia favorable en el Tribunal Superior de Justicia; pero siguen sin responder», explicó a Tiempo el abogado Eduardo Barreyro.
El letrado presentó un total de 123 notas requiriendo informes sobre diferentes escuelas: «Envían información general a la hora de responder y siempre hacen lo mismo: evitan responder con los datos concretos, que son los que permiten ejercer un mejor control de la asignación de vacantes», agregó. En todas las presentaciones, la ministra Soledad Acuña evitó responder la capacidad de las aulas, cuántas vacantes pusieron a disposición, cuánta demanda hubo en esa escuela, a quién se le asignó vacante y con qué criterio.
El 3 de diciembre de 2021, quedó firme la resolución que sentenció que Acuña no había cumplido la sentencia y, ante la falta de respuesta, la justicia condenó a la ministra con una multa de 3 mil pesos por cada día que evite responder. El 20 de octubre de este año, quedó firme la liquidación que actualmente llega a los 45 mil pesos, monto que presentó en la primera etapa de incumplimiento el abogado Barreyro, pero que en la suma total ascendería a $ 456 mil. Esta cifra está en litigio actualmente en la justicia y aún no tiene sentencia firme. A pedido de Barreyro, los fondos del embargo de las cuentas de Soledad Acuña serán donados a dos cooperadoras: una de ellas la de la Escuela Normal Superior N 2 DE 6 «Mariano Acosta», ubicada en el barrio porteño de Balvanera.
Se esperan nuevos fallos contra Acuña
Barreyro adelantó a Tiempo que ahora está presentando la misma demanda, por el resto de los ciclos 2020, 2021 y 2022, de los cuales solicita mayor cantidad de datos. «Ambos fallos son la punta del iceberg, tanto el del TSJ como el del Juzgado N° 21. El 1146/2019 es sobre una escuela y el primero que tiene una multa firme respecto de Acuña. Cuando cumplan las sentencias de todos los expedientes, tendremos un panorama exacto y oficial de la problemática de vacantes, al menos la foto para el ciclo lectivo 2019», detalló. «Tengo al menos diez expedientes donde ya se declaró incumplida la sentencia y con multas que van desde los $ 500 a los $ 5.000 diarios, pero que aún no están firmes», agregó.
Cabe destacar que la sentencia firme en última instancia, sancionada por el Tribunal Superior de Justicia porteño, fue aprobada por unanimidad, ante las reiteradas apelaciones por parte de la ministra Acuña, que se negaba a responder el acceso a la información pública. Una de las magistradas, la jueza Marcela De Langhe, le respondió directamente a Acuña: «La convocatoria a la inscripción de los alumnos en los establecimientos públicos de nivel inicial y la asignación de las vacantes existentes de acuerdo al sistema de prioridades previsto en la reglamentación vigente son funciones propias y esenciales de la administración pública», destacó la magistrada.
«La información emergente del ejercicio de esa función en un ciclo lectivo determinado ha debido ser, necesariamente, producida por la administración durante el normal desempeño de sus actividades», apuntó y concluyó: «Admitir lo contrario equivale a asumir que el Ministerio de Educación de la Ciudad no cuenta con la información vinculada a la inscripción de los niños y niñas a los establecimientos educativos públicos, ni a los motivos por los cuales las vacantes fueron asignadas a quienes finalmente las usufructuaron».
El reclamo de la comunidad educativa
Desde la agrupación de familias autoconvocadas «Vacantes para todos y todas en la educación pública», mediante un comunicado destacaron que «el abuso de poder, las acciones antidemocráticas, el desprecio, la desidia, el abandono, la precarización, el vaciamiento, la privatización, las decisiones inconsultas y arbitrarias que afectan a familias, docentes y estudiantes de escuelas públicas tiene que dejar de ser impune».
Al mismo tiempo, culparon a la gestión porteña por el vaciamiento educativo en la Ciudad: «Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña son responsables y seguiremos dando batalla, incansablemente, hasta que nuestro sistema público, laico, gratuito y estatal de educación sea revalorizado como la comunidad educativa exige y merece».
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