La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ser tenida como querellante en una causa que involucra a la Empresa Bunge, sobre probables maniobras de fraude cometido contra la administración pública, delito de evasión agravada y el potencial lavado de activos.
La investigación de referencia fue iniciada por una denuncia por parte de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático y su presidente Fernando Miguez, donde se planteó que la empresa Bunge Argentina S.A., empresa agroexportadora, habría utilizado un ardid para obtener una ventaja patrimonial minimizando el pago de retenciones, y habría declarado exportaciones por más de siete millones de toneladas de granos antes de la suba del canon, pudiendo haberse ahorrado con ello casi cien millones de dólares de impuestos o 427.500 toneladas de soja, que surgiría de eludir los 6 puntos de aumento de la alícuota.
Las exportaciones en esta materia se encuentran regidas por la Ley N°21.453 y modificatorias, cuyo régimen resulta de aplicación a las “ventas al exterior de los productos de origen agrícola” que se indican en su anexo respectivo.
El art. 9 de la mentada norma establece que “las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el NOVENTA POR CIENTO (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador”.
En dicho expediente, que tramita el Juzgado Criminal y Correccional Federal 5, Secretaría Nº 10, se investiga la posible existencia de conductas de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5, del Código Penal); la posible comisión del delito de evasión agravada (Art. 2 de la ley 24.769); y posible lavado de activos (art. 303 y 304 del CP).
El fiscal interviniente, ha requerido la instrucción de la causa para investigar la presunta participación de Adrián Chueco, Guillermo Marcotegui, Ramón Fernández Asenjo y/o Luis Miguel Etchevehere, en su condición de ex Ministro y Secretario de Agroindustria.
La UIF ha solicitado ser tenida por querellante, a la vez que requirió la formación de legajos patrimoniales de los imputados y ha sugerido al juez interviniente la realización de medidas de prueba a los fines de especificar el rol de las personas involucradas
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