¿Una condena en el Senado inhabilita automáticamente a Trump para ejercer cargos públicos?
No, si se tienen en cuenta los antecedentes. Si los senadores lo condenaran, necesitarían celebrar una segunda votación sobre si inhabilitarlo o no. Ningún presidente de Estados Unidos ha sido removido del cargo con un juicio político en el Senado. Pero en el caso de jueces federales que sí lo fueron, el Senado ha realizado una segunda votación tras la de la condena para determinar si la persona podía volver a ejercer un cargo federal.
Se necesitan menos votos que en la primera, no dos tercios de las bancas, sino una mayoría simple. Pero como esto nunca pasó con un presidente, podría haber una apelación judicial.
En otro aspecto legal, dado que se espera que el juicio de Trump en el Senado no empiece hasta el 19 de enero, un día antes de que deje el cargo, los expertos no se ponen de acuerdo sobre si un expresidente puede ser sometido a un juicio político en la Cámara alta.
¿Es esa la única manera en que pude inhabilitarse a Trump?
Quizás, no. Especialistas en Derecho dicen que el Congreso tiene otra forma, posiblemente más sencilla, de impedir que el republicano vuelva a ocupar un puesto en la administración pública.
Se trata de la Sección 3 de la 14a. Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, destinada a inhabilitar a una persona si se considera que “participó de una insurrección o rebelión” contra la carta magna.
Según los expertos, si ambas cámaras votan por mayoría simple que Trump llegó a ese extremo, quedaría inhabilitado. Para revocar el impedimento, se necesitaría una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.
La acusación aprobada ayer por la Cámara Baja contra Trump cita esa enmienda y dice que el mandatario debería ser impedido de volver a ocupar un cargo público.
¿De dónde viene la Sección 3 de la 14a. Enmienda?
La 14a Enmienda fue una de las tres adoptadas luego de la guerra civil estadounidense (1861-1865) para poner fin a la esclavitud y garantizar igualdad de derechos para las personas negras. La Sección 3, según expertos, buscaba evitar que los confederados, los sureños perdedores del conflicto -los que habían participado de “insurrección o rebelión- ejercieran cargos públicos. En 1872, el Congreso aprobó la Ley de Amnistía para permitirles volver a ocupar puestos de Gobierno, pero la Sección 3 no fue eliminada de la enmienda. La última vez que se invocó fue hace un siglo para impedir la llegada al Congreso de un socialista del estado de Wisconsin que se oponía al ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial.
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