El informe constató la falta de auditorías económicas y financieras por varios años en 34 de estas empresas y obras sociales, en las cuales se detectaron irregularidades en la aprobación de los balances y “un alto grado de morosidad en la entrega de los estados contables que deben efectuar las entidades de medicina prepaga”.
Uno de los aspectos que se destaca en la auditoria es que, a partir de las presentaciones puntuales de algunas empresas, se autorizaron aumentos generales a todas las entidades de medicina prepaga, sin considerar la normativa vigente, que establecía que las firmas que pretendían incrementar el monto de las cuotas que abonan los usuarios, debían presentar en forma individual justificando el requerimiento a la Superintendencia de Servicios de Salud.
Por consiguiente, “se autorizaron incrementos de cuotas respecto de entidades que no lo solicitaron, incumpliendo la normativa vigente”, precisa el comunicado de la Sigen.
En términos de control prestacional, se señaló que no se verificaron acciones de control formal del cumplimiento del Programa Médico Obligatorio (PMO) por parte de las empresas de medicina prepaga, con su eventual impacto en el ejercicio de los derechos de los beneficiarios del sistema que requieren de prestaciones amparadas legalmente.
El PMO representa una “canasta básica” de prestaciones obligatorias para todas las prepagas y obras sociales, un detalle de las obligaciones que tienen que cubrir como mínimo en cualquiera de sus planes, indicó la Sigen.
Además, se encontraban pendientes de registración en la Superintendencia de Salud los Planes Básicos aprobados para las entidades de Medicina Prepaga. Esta situación se agudiza en términos de prestaciones de habilitación y rehabilitación integral en favor de las personas con discapacidad.
Con respecto a subsidios y reintegros, la Superintendencia no contaba al 31 de diciembre de 2019, fecha de cierre del informe de Sigen, con una base de datos confiable que ofrezca información histórica detallada para conocer el estado en que se encuentran registrados los subsidios entregados por la Administración de Programas Especiales (APE).
Por otro lado, si bien existen obras sociales con deudas prestacionales -en muchos casos de magnitudes muy importantes- a Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD), no se detectaron sanciones desde el organismo para estas obras sociales.
Asimismo, la auditoria detectó criterios confusos para el otorgamiento de subsidios, impidiendo conocer así la real necesidad de cada beneficiario y, en términos de reintegros, se menciona que se encontraban pendientes de pago una “gran cantidad de expedientes”.
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