Tras un debate de dos horas en el que la oposición adelantó nuevamente su rechazo a la iniciativa por considerarla “inconstitucional” en perjuicio de la Ciudad, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora María de los Ángeles Sacnún (Frente de Todos), anunció el apoyo del bloque oficialista y el pase a la firma del nuevo dictamen.
En una votación en la que se impuso el oficialismo por 129 votos a 118, la Cámara de Diputados introdujo una modificación que incorpora a la Comisión Federal de Impuestos (CFI) y determina que “el gasto anual que demande la transferencia realizada a la Ciudad y su mecanismo de actualización trimestral serán acordados en forma bilateral por el Poder Ejecutivo y el Gobierno porteño en un plazo de sesenta (60) días”.
En un debate que se desarrolló durante dos horas, los senadores del oficialismo y de la oposición discutieron sobre los alcances de la iniciativa, que el interbloque de Juntos por el Cambio adelantó, no acompañaría, del mismo modo en que ocurrió en la Cámara de Diputados.
La discusión incluyó objeciones sobre el estatus jurídico de la Ciudad, ya que algunos legisladores consideraron erróneo que se compare al distrito porteño con el resto de las provincias, e incluyó acusaciones sobre un supuesto intento del Gobierno nacional de perjudicar al jefe de gobierno porteño, el macrista Horacio Rodríguez Larreta.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnún, explicó que los cambios aprobados en Diputados, que obligaron a devolver el proyecto al Senado, mantienen los montos sancionados y plantean “el pago de doceava parte y la actualización en los mismos parámetros en cuanto a la composición de ese índice relacionado al salario y al índice de precios del consumidor de la Ciudad”.
En representación de la oposición, el senador Martín Lousteau reiteró que el proyecto “es inconstitucional” y reafirmó que, “por esa razón, la Ciudad accionará ante el Poder Judicial”.
Además, sostuvo que “llama la atención que se abra ahora un proceso de negociación que involucra al CFI ahora”.
“La unilateralidad del Gobierno solo tuvo un freno a la hora de conseguir votos en la Cámara de Diputados que exigieron que se le diera lugar a otros actores”, afirmó, y advirtió que al CFI “no le corresponde emitir opinión”.
Para Lousteau, esta iniciativa perjudica a los habitantes de la Ciudad y busca “debilitar a un gobernador que no es afín” al peronismo y que “tiene alta popularidad” en alusión al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, referente de Juntos por el Cambio.
El senador del Frente de Todos, Jorge Taiana, comparó a una situación de violencia de género el vínculo entre la Ciudad y la Nación al sostener que se pretende “transformar al victimario en víctima”, y consideró que la norma es “una reparación” a la actitud “manifiestamente partidaria y amiguista que realizó (Mauricio) Macri, como todas sus obras de gobierno”.
Taiana calificó a las autoridades porteñas como “cómplices” que “tomaron recursos demás del Estado nacional para hacer política sabiendo que despojaban al Gobierno nacional y, por lo tanto, a todo el país, de recursos que eran imprescindibles en otras partes”.
Los senadores Esteban Bullrich y Guadalupe Tagliaferri, de PRO, defendieron al jefe de Gobierno Rodríguez Larreta y cuestionaron el ejemplo sobre la cuestión de violencia de género utilizado en su exposición por el senador Taiana al calificarlo como “perverso” y recordaron el caso del senador José Alperovich denunciado por acoso sexual.
Tagliaferri reprobó que se discuta si la Ciudad “es provincia o no”, calificó como “un simulacro de debate” el tratamiento de la iniciativa y afirmó que la medida es “una extorsión” y “un asalto a mano armada” basado en “un cálculo falso”.
Sacnún consideró que “pretender asimilar el estatus jurídico de la Ciudad al de las provincias es inconstitucional”.
La senadora por Santa Fe retrucó que los acuerdos logrados en la Cámara baja para obtener los votos necesarios para la aprobación de la norma “forma parte del “proceso de elaboración de las leyes” y consideró que “lo que fue inconstitucional fue decreto de Macri que aumentó de un plumazo de 1,4 a 3,75 sin ningún tipo de racionalidad jurídica”.
De acuerdo con lo señalado por fuentes parlamentarias, la aspiración del oficialismo es poder llevar esta iniciativa al recinto la semana próxima, con el fin de darle sanción definitiva, luego de que fuera enviada en segunda revisión por la Cámara de Diputados, donde fue aprobada la semana pasada con los cambios hoy analizados por 129 votos a favor y 118 en contra.
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