Trotta la judicialización de la medida tomada por el Gobierno nacional para hacer frente a la segunda ola de la pandemia, que llegó antes de lo previsto y con un incremento exponencial de casos que pone en riesgo la respuesta del sistema sanitario y sentenció: “El tiempo va a establecer la responsabilidad que tiene el jefe de Gobierno porteño (Horacio Rodríguez Larreta) en el crecimiento de casos” .
Según dijo, con su decisión de no acatar lo dispuesto por el DNU del Gobierno nacional, que recoge las recomendaciones del comité de expertos epidemiológicos que viene asesorando al Presidente desde el inicio de la pandemia, y “judicializar las medidas de cuidado”, Horacio Rodríguez Larreta “aumenta la incertidumbre de las familias”.
“El problema no es lo que ocurre dentro del aula, sino la circulación de las personas de la comunidad educativa”, dijo el funcionario respecto a la razón por la que el Gobierno nacional dispuso la suspensión de la presencialidad en las aulas por 15 días, hasta el viernes 30 de abril, para reducir la circulación de personas y, por lo tanto, del virus, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Trotta dejó en claro que, para el Gobierno nacional, “la presencialidad tiene una enorme trascendencia” y, en ese marco, recordó que ya fueron vacunados “más de 500.000 docentes en todo el país” en la primera etapa de inoculación que está destinada a personal de riesgo como el sanitario y adultos mayores.
Tras la decisión del Gobierno porteño de no acatar lo dispuesto por el DNU en cuanto a la suspensión de las clases en aula y llevar el debate al plano judicial, la conveniencia o no de la presencialidad en las aulas se dirime ahora en la Justicia, ajena al campo sanitario.
En este sentido, el titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 2, Esteban Furnari, rechazó hoy la apelación del Gobierno de la Ciudad a su decisión de enviar las actuaciones por la presencialidad a la Corte Suprema de Justicia.
Furnari fundamentó su decisión en que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación conoce en las cuestiones de competencia y los conflictos que en juicio se planteen entre jueces y tribunales del país que no tengan un órgano superior jerárquico común”.
“En la resolución apelada se dispuso la remisión de todo lo actuado al máximo tribunal, lo cual ya ha sido cumplido respecto de algunas causas en trámite”, indicó el magistrado.
El juez federal, para tomar esta decisión, invocó el decreto-ley 1285, que en su artículo 24, inciso 7, establece que los conflictos de competencia entre jueces y tribunales, sin órgano superior en común, “serán resueltos por la cámara de que dependa el juez que primero hubiese conocido”.
A la intervención de la Corte, se suman los expedientes que se tramitan en la justicia porteña y en los fueros federales Contencioso Administrativo y Penal.
Mientras continúa la polémica política y avanzan los trámites judiciales para dirimir la cuestión de la presencialidad, los sindicatos de docentes la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación Docente Ademys cumplieron hoy una nueva jornada de paro, completando así cinco días hábiles con medidas de fuerza.
“La lucha de la comunidad educativa de la ciudad crece en defensa de la democracia, la salud y la vida y contra la presencialidad ilegal de Horacio Rodríguez Larreta. Solo un 5% de presencialidad hay en las escuelas”, señalaron los dirigentes de la UTE.
Además, en el caso de la Ademys, la protesta de hoy se completará con la continuidad de las asambleas virtuales, afirmó el secretario adjunto Jorge Adaro.
En ese contexto, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), que agrupa a los maestros que se desempeñan en instituciones privadas, ratificó que acatará el decreto presidencial y que continuará la virtualidad y la retención de tareas presenciales hasta el 30 de abril, cuando vence el DNU presidencial.
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