Asimismo, se otorgó la concesión de obra pública por peaje para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación y prestación de servicios al usuario y a la usuaria, de estas rutas y autopistas a la firma estatal Corredores Viales.
Además, se estableció que Corredores Viales se hará cargo de las concesiones rescindidas por 10 años.
Los contratos bajo el régimen de Participación Público Privada (PPP) fueron suscriptos en 2018 por el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich con las empresas Cruz del Sur, Green, Andes, Panamericano y AUSUR para seis corredores viales que abarcan las rutas nacionales 3, 226, 5, 7, 9, 183, 11, 34, y las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.
“Le pusimos fin a un modelo ruinoso del macrismo, que fracasó y perjudicó los intereses de los argentinos y argentinas”, aseveró el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, a principios de mes cuando se tomó la decisión.
Frente a los incumplimientos por parte de las concesionarias, el 27 de mayo se intimó a todas las empresas a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos, y el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindirlos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre.
“Fueron contratos diseñados para favorecer al sector financiero. Las obras tuvieron una ejecución de sólo el 2% en promedio y le iban a salir al Estado tres veces más. Alcanzar estos acuerdos significa ahorrarle a la Argentina un costo millonario en dólares”, señaló Katopodis.
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