Los tribunales de Comodoro Py ejercen una atracción irresistible sobre el macrismo. Tal es así que el secretario privado del expresidente Mauricio Macri, Darío Nieto, volvió a pedirle a la Cámara Federal porteña que traccione hacia Retiro la causa de Lomas de Zamora donde está imputado por haber supuestamente recibido informes de inteligencia ilegal a través de la funcionaria Susana Martinengo. Mientras avanzan las causas por espionaje ilegal del macrismo, tanto la Cámara porteña como la de La Plata jugarán un rol clave para dirimir dónde se investigará el rol de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la era Macri. El tribunal platense, además, tiene para revisar los procesamientos de las máximas autoridades del organismo por espiar a Cristina Fernández de Kirchner en su departamento y en el Instituto Patria.
Allí, con miras de de aliviar su situación, Gustavo Arribas y compañía intercambiaron acusaciones y uno de los espías procesados le apuntó directamente a un área de la AFI que aún no ha sido tocada por las investigaciones judiciales: la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Darío Nieto se convirtió en un factor gravitante para explicar lo que sucede alrededor de la causa de espionaje de Lomas de Zamora. El secretario de Macri presentó un escrito pidiéndole a la Cámara Federal porteña que reclame la competencia de la causa para Comodoro Py. A Nieto lo acusan y lo indagaron por haber recibido presuntamente dos informes de inteligencia por parte de Susana Martinengo, que trabajaba bajo su mando en la Casa Rosada. Nieto negó las acusaciones. Pero no tiene intención alguna de saber si piden su procesamiento o no. Prefiere que la causa viaje hacia Retiro cuanto antes. Dice, para ello, que todos los hechos que a él le competen habrían sucedido en la Ciudad de Buenos Aires, a unos cuantos kilómetros de Lomas, donde es uno de los 24 imputados en la trama de espionaje ilegal. La jueza María Eugenia Capuchetti negó la pretensión del secretario de Macri, pero él llevó su planteo ante la Cámara Federal.
El fiscal ante la Cámara, José Agüero Iturbe, presentó ayer un dictamen en sintonía con Nieto. “La dilucidación de esta maniobra desde sus orígenes en Lomas de Zamora aparece radicada en una jurisdicción incorrecta (según ya lo manifestara en cada oportunidad en la que me tocara intervenir) ello habida cuenta que tanto las agencias involucradas en el objeto procesal, como sus máximos representantes, encuentran su ubicación en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también el destino final de la información y lugar de hechos donde se configurarían varias de las acciones individuales de espionaje”, escribió.
Después de las presentaciones, el camarista Mariano Llorens ya está en condiciones de resolver ese planteo, que inicialmente contó con el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y María Eugenia Vidal. Lo curioso es que tanto Rodríguez Larreta como Santilli son considerados víctimas del accionar ilegal de la AFI macrista. El 21 de agosto pasado, Llorens sostuvo que la otra causa que tramita en Lomas, la que está vinculada al espionaje contra CFK, debía mudarse a Comodoro Py. El juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé se negó a deshacerse de la causa y mandó el tema a la Cámara Federal de La Plata, que deberá examinar esta cuestión probablemente en la próxima semana.
El espionaje en el Patria
La causa del espionaje en el Instituto Patria es clave porque es el único procesamiento que pesa sobre las máximas autoridades de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Con ellos, están procesados Martín Coste –- el exdirector operacional de Contrainteligencia –- y Alan Ruiz, un exhombre de Patricia Bullrich que fue reclutado en mayo de 2018 para hacerse cargo de una Dirección de Operaciones Especiales de la AFI – que nunca existió en la estructura, pero tuvo su bautismo de fuego con el espionaje a CFK–.
La llegada de Ruiz fue un parteaguas para explicar la fase del espionaje político en la AFI macrista. Tanto el juez Augé como los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide sostienen que Ruiz ordenó tareas de vigilancia ilegal sobre el domicilio de la entonces senadora y sobre el Instituto Patria, que fueron finalmente descubiertas el 7 de agosto de 2018. Cuando las maniobras de la AFI se volvieron públicas, la Agencia confeccionó distintos documentos que presentaron ante la justicia federal de Lomas de Zamora y de la Capital Federal para justificar el espionaje. Una táctica similar desplegaron ante la Bicameral de Inteligencia.
El video de un auto de la AFI doblando en “U” por la calle Rodríguez Peña para huir de un efectivo de la Policía de la Ciudad que les pidió identificación a sus ocupantes volvió imposible que los imputados nieguen los hechos. Sin embargo, en sus apelaciones, sostienen que se trataron de observaciones o vigilancias, no de seguimientos y mucho menos de espionaje. Alan Ruiz, que fue quien mandó a los agentes de la AFI a montar guardia, dice que lo hizo porque una fuente escuchó en la Plaza Alsina de Avellaneda que se preparaba un atentado contra Fernández de Kirchner en la previa de la cumbre del G20. Según él, Avellaneda era algo así como un foco anarquista.
La mira en Jurídicos
Más allá de su encono con Ruiz, Coste le apuntó en su apelación a la Dirección de Asuntos Jurídicos, que ganó un protagonismo central durante la gestión de Arribas y que estuvo en manos de Juan Sebastián De Stefano. Esa dirección fue la que habría tenido a su cargo la confección de los documentos a través de los cuales se intentó encubrir el espionaje sobre CFK.
Según la descripción de Coste, la Dirección de Asuntos Jurídicos se convirtió en una “Agencia dentro de la Agencia”. Dijo que asumió tanto tareas de análisis como operativas, que nunca en la historia había tenido. Por ejemplo, se dedicó a hacer escuchas y transcripciones de las causas –- algo que históricamente había sido patrimonio de Contrainteligencia –- o que incorporó un área clave como era la Dirección de Análisis de Inteligencia Nacional (DASIN). Según el espía, Jurídicos salió del territorio de la propia AFI y empezó a caminar los tribunales, como lo probaría la denuncia del juez Luis Carzoglio sobre la visita que le hicieron para sugerirle la detención de Hugo y Pablo Moyano. Todo un pase de facturas que vuelve a poner a un área clave en la palestra.
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