El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, tuvo que retroceder. El ministerio de Salud de la provincia informó que derogará el decreto que imponía multas y hasta la cárcel para los médicos y profesionales de la salud que faltaran a sus puestos en medio de la pandemia del coronavirus. En Jujuy, el 30 por ciento del personal de salud llegó a estar infectado.
«En atención a que se logró superar las dificultades que lo originaron, el Ministerio de Salud anunció la derogación a partir del 3 de septiembre del Decreto Acuerdo N° 1444-S/2020 que establecía sanciones a médicos que incurrían en incumplimiento a la prestación de servicios», señala el parte oficial emitido en la noche de este miércoles y que fue citado por el sitio El Submarino de Jujuy.
El 31 de agosto, el gobierno de Jujuy publicó el Decreto Acuerdo N° 1444-S/2020 que establecía sanciones a médicos que incurrían en incumplimiento a la prestación de servicios. Tres médicos fueron penados con multas económicas y desciplinarias por ausentarse.
Las sanciones previstas en el decreto consistían en multas de entre 40.000 y 1 millón de pesos, arresto e inhabilitación para el “personal del sector público y/o privado, que integrando o afectado al sistema de salud público de la provincia, cualquiera sea la situación de revista o el lugar donde cumpla funciones, que incurriere en Incumplimiento a intimaciones, requerimientos, disposiciones de autoridad competente, que derive en falta de concurrencia, falta de prestación efectiva de servicio en el destino asignado, todo conforme a necesidad o urgencia”.
El rechazo de los médicos
El Colegio Médico aseguró que estas disposiciones “implican una amenaza a la libertad y especialmente a la libertad de trabajo, a la integridad física, a la salud, a la vida, etcétera de nuestros asociados quienes al no ser empleados del Estado y no estar sometidos a la subordinación del mismo, tienen consagrado constitucional y convencionalmente el derecho personal e irrenunciable de decidir acatar las órdenes del Ministerio de Salud ante la situación de pandemia”.
Además, aclararon que los privados “no están obligados a cumplir las intimaciones, requerimientos y/o disposiciones de dicho ministerio ni a prestar servicios en el destino que el mismo les quiera asignar” por lo que requirieron el “respeto y la efectiva aplicación de las garantías y derechos individuales” de sus asociados que “no pueden ser violados en ningún caso por las autoridades provinciales”.
El epidemiólogo jujeño Sergio Barrera, también cuestionó la medida: “No me imaginaba en estado de Derecho esto. Es inconstitucional por donde lo mires” y reflexionó: “Uno ya tiene ganas de bajar los brazos”. El profesional reconoció que “el sistema de salud está diezmado” pero aclaró que es porque “no ha sido provisto de equipamiento”.
Según explicó Barrera, “tenemos 5 (médicos) fallecidos por COVID, además de quienes estamos infectados como es mi caso y el de mi esposa. Tenes la cama y el respirador, pero no tenés un médico que vea al paciente”. Una situación difícil que se completa con que “un licenciado en enfermería gana 12.500 pesos, son contratos basura”.
Morales quiso justificar el decreto al asegurar que la provincia cuenta con menos camas críticas disponibles por la falta de trabajadores. Según el ministro de Salud provincial, el 99% de las camas UTI está ocupado: 172 son críticas de las cuales 120 tienen respirador. Esta semana, el gobernador radical dijo que de éstas sólo se pudieron usar 58 por falta de profesionales. 54 ya estaban ocupadas.
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