El proyecto de declaración fue redactado por el diputado de Juntos por el Cambio Álvaro de Lamadrid y respaldado por sus pares Lidia Ascarate, Albord Cantard, Gerardo Cipollini, Gonzalo del Cerro, Estela Regidor, Gabriela Lena y Aída Ayala.
También lo firman Jorge Enríquez, Héctor Stefani, Hernán Berisso, Sofía Brambilla, Alicia Terada, Carolina Castets, Alicia Fregonese, Miguel Nanni, Sebastián Salvador y Lorena Matzen.
La iniciativa pide al Poder Ejecutivo Nacional que ” tenga a bien disponer las acciones correspondientes para llevar adelante la incorporación, como grupo de riesgo, dentro de las prioridades de vacunación, al segmento de personas discapacitadas”.
Solicita que se incluya a las personas que “poseen el certificado de discapacidad como aquellas otras que, visiblemente, se observe una disminución en sus capacidades físicas”
En los fundamentos del proyecto se afirma que “el Gobierno Nacional definió siete grupos prioritarios en la campaña de inoculación, pero ninguno incluye específicamente a las personas con discapacidad, que llegan a tener hasta tres veces más letalidad que el resto”.
Agrega que “un informe de la Agencia Nacional de Discapacidad, con información recabada hasta el 23 de septiembre, corrobora que la discapacidad va asociada a una tasa de mortalidad más elevada:”
“La Alianza Internacional de Discapacidad (IDA, por sus siglas en inglés), destaca que la mayoría de las personas que han fallecido a causa del COVID-19 han sido personas con discapacidad”, subraya.
En los fundamentos se señala, además, que según la IDA “las personas con discapacidad intelectual han tenido hasta seis veces más probabilidad de morir que otras personas”.
También que “uno de los factores que podría explicar la mayor tasa de letalidad es la existencia de comorbilidades: trastornos asociados a la enfermedad o discapacidad de base.”
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