Desde su cuenta personal de Twitter, Sánchez Malcolm subrayó que “la única razón que puede existir para que no hayan caído en los ‘índices de transparencia’ durante el gobierno de Macri es la complicidad con los sectores que se veían favorecidos con las políticas privadas del expresidente”.
Además, Sánchez Malcolm remarcó que ese tipo de mediciones son realizadas “por empresas privadas”.
Así, la funcionaria de la Jefatura de Gabinete le contestó en particular a Ibarra, ex ministro de Modernización, quien ayer había vinculado a la gestión del FdT con “sospechas de corrupción” a partir de la publicación, el mismo jueves, del informe 2020 de Transparencia Internacional construido en torno a la medición de lo que esa ONG define como percepción de corrupción de Estado.
Dicho informe, que se presenta anualmente como Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), atribuyó a la Argentina un descenso en 12 puestos del ránking, en el marco de un listado de países que se elabora a partir de encuestas y una variedad de fuentes, entre las que se encuentran el semanario británico The Economist, la ONG estadounidense Freedom House, más otras entidades y corporaciones.
Sánchez Malcolm profundizó su respuesta a Ibarra a través de una serie de tuits y en esos mensajes mencionó que, al asumir en la Secretaría de Innovación Pública (área del Estado Nacional que estuvo a cargo Ibarra durante el lapso 2015-2019) encontró “contrataciones sin cumplir, contratos millonarios firmados por asesores que a su vez integraban las empresas que contrataban, excepciones inéditas e injustificadas en la toma de personal”.
La funcionaria también denunció que (en la cartera de Modernización que encabezaba Ibarra) “las licitaciones públicas eran eran eventos extraordinarios” al tiempo que “los sistemas se mostraban hacia afuera como avances en modernización pero para adentro suponían acuerdos con empresas privadas, desarrollos incompletos sin funcionamiento, control, ni mejoras”, cuestionó.
Por último, Sánchez Malcolm remarcó que “lo poco que se hizo (en la cartera de Modernización durante la gestión de Cambiemos), como la iluminación de la Red Federal de Fibra Óptica, lo concretaron con inversiones del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”. “Los planes de conectividad y desarrollo satelital -agregó la funcionaria- fueron abandonados pero ahora los retomamos con una inversión de más de 40 mil millones de pesos”, informó.
Ayer, al difundirse el ránking IPC de Transparencia Internacional, Ibarra cuestionó que la Argentina, durante el año 2020, que se corresponde con el primer año del gobierno del FdT, “haya empeorado 12 lugares” hasta ubicarse en el puesto 78 de esa medición.
“Al finalizar la gestión de Mauricio Macri, Argentina había mejorado sustancialmente y ocupaba el puesto 66, habiendo iniciado su gestión en el puesto 107”, tuiteó Ibarra.
El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional utiliza como fuente encuestas y mediciones de fundaciones, calificadoras de riesgo, empresas y entidades vinculadas con el sistema financiero internacional.
En el caso de Argentina, el estudio se llevó a cabo en base a ocho encuestas y estudios desarrollados por la Fundación Bertelsmann (fundación española creada por el grupo de medios del mismo nombre); la estadounidense Global Insight (que hace calificaciones de riesgo país); International Institute for Management Development (escuela de negocios con sede en Lausana, Suiza); el semanario británico The Economist (a partir del The Economist Intelligence Unit Country Ratings); el PRS Group (calificadora de riesgo económico y político); Proyecto Variedades de Democracia (iniciativa impulsada por las universidades de Gotemburgo, Suecia, y Notre Dame, EEUU); el Foro Económico Mundial, y Proyecto Justicia Mundial (creado por la Asociación Norteamericana de Abogados).
En el país, el capítulo argentino de Transparencia Internacional está representado por la ONG Poder Ciudadano.
Según la propia Transparencia Internacional, que lo informa en su portal, el 74% del financiamiento que le permite funcionar y realizar sus investigaciones periódicas en la lucha contra la corrupción global proviene de agencias gubernamentales de países europeos, aunque también recibe fondos de bancos regionales e instituciones multilaterales.
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