Los PPP fueron una promesa de inversión millonaria del macrismo que nunca ocurrió

Eso seis seis corredores viales, con una extensión total de 3.200 kilómetros de rutas nacionales, atraviesan las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe.

El plan de obra nueva para esos corredores implicaba obras en más de 2.500 kilómetros a través de la construcción de nuevas autopistas (813 km), rutas seguras (1.494 km) y obras especiales (252 km), así como 17 variantes a distintas localidades.

La inversión total estimada para estos corredores de la primera etapa superaba los US$ 8.000 millones en total, US$ 6.000 millones durante los 4 primeros años y más de US$ 2.000 millones durante los 6 a 15 años subsiguientes en obras complementarias y de mantenimiento.

Los contratos bajo el régimen de Participación Público Privada (PPP) fueron suscriptos en 2018 por el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, con las empresas Cruz del Sur, Green, Andes, Panamericano y AUSUR para seis corredores viales que abarcan las rutas nacionales 3, 226, 5, 7, 9, 183, 11, 34, y las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.

Los acuerdos fijaban tarifas dolarizadas durante 30 años, y las empresas eran las que iban a establecer las tarifas.

El sistema impulsado por el gobierno de Mauricio Macri contemplaba esencialmente su financiamiento a través de una parte del impuesto al gasoil, para las obras; y con el ingreso por peaje, para el mantenimiento y operación del corredor.

Para el pago de estas obras de la Etapa I, que comenzaría a realizarse en 2021, no se crearon nuevos impuestos, debido a que se iban a utilizar recursos existentes que antes se destinaban a otros gastos, entre ellos el subsidio de los mismos corredores antes de la concesión.

En 2019, los privados recibieron subsidios por $ 7.000 millones, y además obtuvieron ingresos por $ 3.000 por el cobro de peajes.

Sin embargo, el decreto 1036/2020 que dio terminados los contratos aseguró que hubo un “avance mínimo de las obras, muy por debajo de aquellos compromisos asumidos por los excontratistas PPP”, que el Gobierno precisó en menos del 2%.