Patricia Bullrich está en el centro de la polémica tras la represión que tuvo lugar durante las protestas frente al Congreso. Uno de los momentos más impactantes fue cuando un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) roció gas pimienta en el rostro de una niña de diez años. Lejos de condenar el hecho, el Ministerio de Seguridad lanzó una operación para encubrir el accionar policial. Bullrich no solo defendió a las fuerzas de seguridad, sino que también responsabilizó a la madre de la niña por llevarla a la protesta.
Fabricia, la niña afectada, llegó al Congreso con su madre cerca de las dos de la tarde, mientras los legisladores debatían sobre la ley de jubilaciones. A las 16:15, un efectivo de la PFA le arrojó gas pimienta, lo que generó el reclamo inmediato de los manifestantes que estaban cerca, quienes advertían que la pequeña estaba presente.
Organizaciones de derechos humanos, como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), asistieron a la niña, quien sufrió irritación en las mucosas oculares. Amnistía Internacional también se pronunció rápidamente en redes sociales, condenando el uso de gas contra menores en protestas.
Sin embargo, en lugar de admitir la responsabilidad de la policía, el Ministerio de Seguridad distribuyó un video manipulado, que fue filtrado por el jefe de la PFA, Luis Alejandro Rollé, y difundido por medios afines al gobierno. En el video se intentaba acusar a los socorristas o a los organismos de derechos humanos de haber atacado a la niña con gas pimienta. La operación mediática se desmoronó cuando se comprobó que Fabricia había sido víctima del accionar policial.
Bullrich, lejos de reconocer el error, continuó defendiendo a las fuerzas de seguridad. “Nosotros no vamos a ir en contra de la policía”, declaró en una entrevista en La Nación+. Incluso deslizó que los niños no deberían estar presentes en las manifestaciones, desviando la atención de la brutalidad policial.
El episodio ha generado un aluvión de críticas. La CPM presentó una denuncia penal contra la PFA y la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, mientras que el abogado Gregorio Dalbón hizo lo propio contra Bullrich. Para Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, la ministra está intentando sostener un relato falso. “Es increíble cómo intenta desviar su responsabilidad hacia la madre de la niña y acusar a los organismos de derechos humanos de lo sucedido”, afirmó.
Sabina Frederic, exministra de Seguridad, también se sumó a las críticas. “Es tan impune que se escuda detrás de un blindaje mediático que cree infalible”, sostuvo. Frederic subrayó que Bullrich es responsable de los actos represivos, incluyendo el ataque a la niña.
Fabricia, por su parte, continuó sufriendo los efectos del gas pimienta horas después de la represión. “Me ardía toda la cara apenas me levanté”, relató en una entrevista con El Destape Radio. Según el CNPT, al menos 40 personas fueron atendidas por los efectos de la represión del miércoles, y un delegado de SUTEBA recibió 27 disparos de balas de goma.
A pesar de las crecientes evidencias en su contra, Bullrich mantiene su postura firme y respalda a las fuerzas de seguridad, lo que ha generado una creciente indignación social y pedidos de renuncia desde diversos sectores.