El expresidente Mauricio Macri se presentó, sorpresivamente, en la causa judicial que lo investiga como cabeza de una asociación ilícita destinada a acorralar al Grupo Indalo y apeló la decisión de la jueza María Servini de ordenar un entrecruzamiento de llamados respecto de sus teléfonos y los de integrantes de la denominada “Mesa Judicial M” en fechas clave, entre 2016 y 2019. El inédito planteo formulado a través del abogado Pablo Lanusse aspira a bloquear la decisión de la magistrada que dispuso, en el marco de medidas de prueba en la causa, que la Dajudeco realice un cruce de comunicaciones con el objetivo de probar si existieron posibles presiones para torcer decisiones administrativas y judiciales en el marco de la causa Oil Combustibles.
En duros términos contra la magistrada, Macri busca con su intervención dejar en suspenso el peritaje y que sea la Cámara Federal la que tome control de la investigación, algo que no es posible realizar, atento a que Servini tiene a su cargo la recolección de pruebas. El curioso planteo parece querer obturar una de las líneas de investigación respecto a si había un patrón de contactos entre los miembros del Gobierno que den a entender coordinación específica para influir en la trama a nivel político. Macri las calificó de “excursión de pesca”, con el objetivo de lograr que se suspendan y frenen los peritajes. Las medidas de prueba son irrecurribles por el artículo 199 del Código Procesal, pero ante la segura negativa, Macri irá por la vía de la nulidad, algo que tampoco puede “suspender” el peritaje porque una nulidad tramita en un incidente separado que deberá ser analizado por la Cámara. Esa es la estrategia de fondo del expresidente.
Con cuestionamientos a la causa y a la acusación que lo tienen como imputado, Macri pidió acceso a documentación reservada de la causa y calificó lo dispuesto por Servini el 6 de julio pasado como “arbitrario” y “exorbitante”. El argumento con el que pretende que la jueza frene el peritaje se basa en que “lo dispuesto carece de fundamentación, y vulnera los derechos, principios y garantías de defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, no injerencia indebida, intimidad, proporcionalidad, razonabilidad, dignidad humana”, indicó. Pero agregó que esto “compromete la seguridad nacional y cuestiones de Estado, por las características desproporcionadas, exorbitantes y abusivas que presenta”.
Servini había pedido que se crucen los teléfonos de Macri, José Torello, Nicolás Caputo, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, y de los exAFIP Alberto Abad, y Leandro Cuccioli, en el marco de la causa “Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita”. Así también como de los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner, que aparecieron como eventuales compradores de los activos del Grupo Indalo y serían cercanos a los miembros del Gobierno de Cambiemos.
La jueza pidió que además de los cruces, en fechas clave entre 2016 y 2019, se realice la detección de la activación de las antenas de telefonía celular para determinar las ubicaciones de Macri y el resto de los investigados por la ubicación de las celdas. “Deberá aportarse un gráfico dinámico comparativo y un gráfico temporal, incluyendo los datos de titularidad y ubicación aproximada de cada uno de los abonados identificados”, señaló la magistrada en la orden que cursó a la Dajudeco. Macri dijo que no fue notificado y que todo esto le causaría “perjuicios irreparables” por la fundamentación “meramente aparente, vaga e imprecisa”. Servini las fundó en que “las diligencias aquí ordenadas permitirán contribuir al avance de la investigación, en aras de descubrir la verdad”.
La causa que tenía impulso del fiscal Guillermo Marijuan apuntaba a demostrar la “existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional – encabezado por el entonces Presidente de la Nación Mauricio Macri – o a instancias de aquellos que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil”.
Para el exmandatario, Servini ordenó una “medida invasiva, exorbitante y desproporcionada en la más absoluta ceguera y con la esperanza de que al final del camino ´algo aparezca´”. Macri cuestionó además que Servini no haya tenido en cuenta que fue Presidente y que el cruce de llamados “aniquila su privacidad”, respecto de las 28 fechas indicadas en la decisión de la jueza. Macri cuestionó todo el peritaje: la ubicación geográfica de sus teléfonos; la identificación de usuarios y llamados frecuentes y no frecuentes y todo el análisis de contactos que pidió la justicia.
Si Servini no retrocede, anunció que llevará el caso hasta la Corte Suprema.
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