Las camaristas María Matilde Ballerini y María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero rechazaron un recurso extraordinario presentado por los abogados de la familia Macri para llegar la Corte Suprema de Justicia en la causa del Correo Argentino y dejaron a la compañía del Grupo SOCMA al borde de la quiebra.
Las jueces de la Sala B de la Cámara Comercial coincidieron con el dictamen de la fiscal Gabriel Boquín, y consideraron que los planteos de los Macri en ese expediente buscan dilatar el proceso de cramdown o salvataje de la empresa, etapa anterior al inicio formal de quiebra. Si el llamado resulta desierto, la ley de quiebras indica que el siguiente paso es decreta la quiebra, y en ese caso, los accionistas de SOCMA deberían responder por las millonarias deudas de su controlada.
Mientras Mauricio Macri disfruta del verano europeo, en la Argentina dos magistradas dejaron firme el inicio del registro de cramdown, que implica una convocatoria pública para saber si existen interesados en la compra del Correo Argentino, ya que la firma no logra ordenar sus deudas.
En marzo pasado, la jueza en lo comercial Marta Cirulli, que lleva el trámite en primera instancia, dispuso la “intervención plena” del Correo Argentino y el “desplazamiento total” de sus directivos. En esa causa surgieron dudas sobre la situación patrimonial, en cuanto a las deudas que tienen los Macri con la AFIP por $600 millones, y con otras empresas proveedoras y hasta un supuesto desvío de dinero por $35 millones justificado en “anticipos de directorio”.
Antes que la fiscal Boquín sufra los embates de su jefe el procurador general interino, Eduardo Casal, la funcionaria judicial apuntó a las maniobras de dilación y la crisis que viven los Macri dentro de la empresa, que no juntan una mayoría que acepte su propuesta de pago en el concurso de acreedores. “Correo Argentino SA no puede sostener con un mínimo de seriedad la existencia de gravamen y afectación a su derecho de propiedad, de igualdad y de debido proceso cuando lo resuelto no ha sido más que la consecuencia legal de la falta de obtención de las mayorías requeridas por el art. 45 LCQ”, senaló Boquin en su dictamen.
“La afectación de tales derechos constitucionales ha sido padecida, en todo caso, por los acreedores merced a una inusitada extensión del trámite del proceso, lo cual le ha permitido permanecer en ‘estado de concurso preventivo’ por casi diecinueve años”, agregó la fiscal.
En este marco, Boquín consideró que el pedido de los Macri “debe ser declarado inadmisible”, porque “no existe cuestión federal ni supuesto de arbitrariedad” y que el recurso extraordinario para llegar a la Corte y constituye “un nuevo intento dilatorio de la concursada para seguir prolongando el trámite de los actuados, lo cual a esta altura ya no puede ser admitido”.
Las dos magistradas avalaron esa postura, defendieron el inicio del cramdown y consideraron que los pedidos de los abogados de los Macri son arbitrarios y fundamentan los planteos con “precisión”.
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