Un plan integral que contempla un centenar de proyectos de asistencia, subsidios y beneficios, coordinados a través del Ministerio de Desarrollo Social y la Anses, conforman la ayuda social que el Gobierno intensificó durante la pandemia, y que trascienden el plano netamente económico, con foco en la seguridad alimentaria, la reinserción laboral y el desarrollo de los barrios populares.
Así se desprende de un informe elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), al que tuvo acceso Télam, y de datos proporcionados por la Anses y por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
“El Estado no se retira. Vamos a acompañar a todas las personas que tienen dificultades por la pandemia”, aseguró a Télam el ministro Daniel Arroyo, quien marcó como prioridad tres objetivos: crear 300 mil puestos de trabajo, urbanizar 400 barrios por año y poner en marcha 800 jardines infantiles.
Nueve programas para garantizar el acceso a los alimentos, cuatro de inclusión laboral, acceso al crédito y finanzas solidarias, seis líneas enfocadas a las tareas de cuidado y otras tantas para contener a la población más vulnerable y para el desarrollo de los barrios populares son parte medular de la gestión del MDS.
En total, el Ministerio canaliza unos 23 programas macro y la Anses, 75.
Estas políticas globales, a su vez, se ramifican en planes puntuales para cada población y cada territorio, además de una veintena de medidas específicas lanzadas para mitigar el impacto económico de la pandemia de coronavirus.
Desde el inicio de su gestión y bajo el gran paraguas del Plan Argentina contra el Hambre (PACH), el Gobierno desplegó nueve políticas para frenar a una situación marcada por un aumento de 71% de los argentinos que sufre inseguridad alimentaria en los últimos años.
Es que, de 8,3 millones de personas que no tenían garantizada la comida en el 2014, se llegó a 14,2 millones en el 2018, un cuadro que se agravó en 2019 con la profundización de la crisis, y al cual este año, además, se sumó la pandemia.
La Tarjeta Alimentar, la asistencia a los comedores y merenderos de todo el país y la entrega de módulos alimentarios a la población vulnerable que vive lejos de los centros urbanos son algunos de los componentes del plan.
El Programa Sembrar es otra de las patas que busca robustecer el Ministerio para darle vuelo a unidades productivas con características de agricultura familiar, el trabajo asociativo y la conformación de redes regionales de abastecimiento, todo encuadrado en un plan mayor que prevé como condiciones el acceso al agua, la inversión en maquinarias e insumos, el acondicionamiento de tierras, la logística y la capacitación técnica.
En otra escala, el Programa Pro Huerta, que este año cumplió tres décadas, impulsa el armado y cuidado de huertas como fuente de alimentos saludables y de ingresos para hogares y comunidades en todo el país.
La ampliación al crédito no bancario, las finanzas solidarias, la situación de los jóvenes y las tareas de cuidado son algunos de los ejes de las políticas destinadas a la inclusión laboral.
La desocupación alcanzó 8,9% en el cuarto trimestre de 2019; y 10,4% en el primer trimestre de 2020 (Encuesta Permanente de Hogares, INDEC).
La pobreza por ingresos, durante el primer semestre de 2020 trepó a 40,9% de la población y la situación de indigencia llegó a 10,5%, que en términos de cantidad de población, se trata de 18,5 y 4,7 millones de personas, respectivamente.
Según las mismas fuentes, hay 1,2 millones de desocupados y el 35% de los asalariados trabajan en la informalidad, especialmente en el rubro de servicio doméstico, la construcción y los cultivos agropecuarios.
Programas sociales de trabajo
El programa “Potenciar Trabajo” ofrece un apoyo económico igual al 50% del salario mínimo, vital y móvil y otorga subsidios para Unidades de Gestión de proyectos socioproductivos; el programa “Manos a la Obra” ayuda en la adquisición de maquinarias e insumos para emprendimientos de pequeña escala y el “Recuperar” facilita la puesta en marcha de empresas recuperadas.
En el país, hay algo más de 400 de este tipo de empresas que generan unos 18 mil puestos de trabajo en el área gastronómica, textil, alimentos, servicios industriales, gráficas, calzado, industria plástica, metalmecánica, insumos de salud y comunicación.
Otra de las herramientas impulsadas es el Monotributo Social, que permite a las familias involucradas en proyectos de baja escala acceder a una obra social e ingresar al sistema de jubilaciones y pensiones, y el Concurso Nacional de Proyectos Potenciar, que ya premió con kits de herramientas a unos 500 proyectos presentados por personas mayores de 40 años en los rubros de construcción, carpintería, herrería, gomería, gastronomía, jardinería y textil y tiene previsto una segunda entrega para jóvenes desempleados de entre 18 y 29 años, en todo el país, para las mismas especialidades y el agregado de diseño en comunicación audiovisual.
Apoyado en la premisa que reivindica la construcción de un país más solidario con anclaje en lo colectivo, los ganadores deben donar tiempo de trabajo a una institución sin fines de lucro.
La creación del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep) es otra de las apuestas para que quienes hasta ahora subsistieron en la informalidad puedan contar con seguridad social, capacitación, integrar redes de comercialización y acceder a créditos y herramientas de inclusión financiera.
Según el Indec, el PBI cayó un 2,2% en 2018, un 2,5% en 2019 y se estima que en el primer trimestre de 2020 disminuyó en un 5,4%, respecto a igual trimestre del año anterior, como resultado del impacto de la pandemia.
En este escenario, existen en la Argentina 4.416 barrios populares, donde viven unas 932.000 familias y 5 millones de personas, la mayoría (98%) sin red cloacal, gas natural (99%), red de agua corriente (89%) y servicio de energía eléctrica (68%).
Para desandar estas carencias, el Ministerio lanzó un programa de urbanización de 400 barrios populares por año, en el plazo de una década, además de proyectos de integración socio urbana y de lotes con servicios.
Las políticas del cuidado, destinadas a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidades, tienen un capítulo destacado en el informe de gestión de Desarrollo Social, siempre en articulación con el territorio y la comunidad.
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