En el oeste de Formosa, a 700 kilómetros de la capital, las mujeres embarazadas de las comunidades aborígenes se esconden en el monte para que la policía de Gildo Insfrán no las lleve y las haga parir en un hospital para luego separarlas de sus bebés.
En un informe del programa Telenoche, un grupo de mujeres se animaron a dar un testimonio crudo -sin revelar su identidad- de la durísima realidad que viven.
Dicen que tienen “miedo” de ser llevadas por las fuerzas de seguridad, porque “a veces una va y le hacen cesárea” y no vuelven a ver a sus hijos por 14 días o más.
La periodista Paula Bernini, encargada de la investigación, explicó este jueves que como las embarazadas del oeste de Formosa “no tienen hospitales cerca, tienen que viajar a Las Lomitas para tener a sus bebés”.
Y como en la provincia rige un protocolo por el cual “en las ambulancias viaja solo el paciente, cuando las mujeres van a tener familia a Las Lomitas, sus hijos con horas de vida son subidos a una ambulancia y llevados a neonatología de la capital”.
Entonces, ante el riesgo de que el estado provincial les quite a sus hijos, las mujeres tienen que esconderse en el monte, donde viven por meses en casas muy precarias y se alimentan con lo que pueden.
La periodista de Telenoche indicó que “esta gente que vive en las comunidades de pueblos originarios en El Potrillo históricamente tienen que ir a avisar a Ingeniero Juárez cuando están por dar a luz y una ambulancia de Las Lomitas va a buscarlas y las lleva a tener familia ahí porque en Ingeniero Juárez no hay hospital”.
En ese contexto, la policía hace “operativos de hisopado preventivo” por las noches y se lleva a integrantes de la comunidad, entre ellos, “a las embarazadas de 8 o 9 meses, porque no pueden arriesgarse a que la embarazada avise y no haya todo el operativo para llevarlas a Las Lomitas”.
Según Bernini, una vez que se las llevan “les hacen cesárea, y como muchas veces el bebé está naciendo prematuramente, sí o sí tiene que ir a neonatología en Formosa capital, entonces de esta manera se aplica el protocolo y les arrancan a sus bebés”.
Las autoridades no les dicen a la madre, padre y acompañantes a dónde van a estar el bebé. Incluso hay un caso judicializado de una madre que pasó 33 días sin saber dónde está su hijo.
“Hace mucho que estamos acá y le tenemos miedo a la policía. Cuando nos llega el día, llegan a las 2 o 3 de la mañana, vienen a buscarnos con caballos”, contó una de las mujeres, visiblemente aterrada.
Estas mujeres, algunas con menos de 25 años, tienen que dejar sus casas y sus familias para poder llevar sus embarazos adelante.
Una vez en el monte, los integrantes de la comunidad las protegen de la policía y les llevan comida que encuentran en la zona, porque en muchos casos no los dejan ir a la ciudad a comprar alimentos.
“Hay mucha persecución en nuestra comunidad. Necesitamos ayuda”, fue el testimonio de un hombre de la comunidad ante la cámara de Telenoche.
Emiliana, de 22 años, fue madre hace poco y la policía la separó de su hijo recién nacido. “A la tarde me vinieron a ver y me contaron que a la beba la tenían que derivar a Formosa. Me pusieron un inyectable y cuando me desperté estaba sola en la habitación”, relató.
En los últimos meses, en Formosa se vienen revelando numerosos casos de violación a los derechos humanos, violencia institucional y abuso de autoridad en el marco del acatamiento a la cuarentena dispuesta por Gildo Insfrán.
El viernes pasado, una multitudinaria protesta contra la vuelta a la Fase 1 terminó con manifestantes reprimidos y detenidos por la policía provincial, lo que desató una seguidilla de marchas para pedir la reapertura de los negocios y, entre otros reclamos, la renuncia del gobernador.
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