En el país más golpeado del mundo con casi 396.000 muertos y más de 23,7 millones de casos desde el inicio de la pandemia, la prioridad para el mandatario electo será el coronavirus y sus primeras medidas, según prometió, serán: testeos gratuitos, tapabocas obligatorios a nivel nacional, promover la distancia social y establecer criterios para el cierre de negocios.
Una de sus promesas que más títulos acaparó es la de administrar 100 millones de dosis de la vacuna contra la Covid-19 en sus primeros 100 días en la Casa Blanca, tras el inicio de una campaña de inmunización que va más lenta de lo previsto.
En materia de salud afirmó, además, que defenderá la ley ACA (Affordable Care Act), más conocida como Obamacare, que extendió el seguro médico a personas que no podían pagarlo y en campaña habló de una Bidencare, que prolongaría el acceso y promovería una reducción en los precios de medicamentos a través de una mayor regulación estatal.
Esto también es un giro de 180 grados respecto al Gobierno saliente de Donald Trump que desde que llegó a la Casa Blanca intentó destruir el Obamacare, primero erosionando una de sus disposiciones clave y luego buscando anularla por completo al respaldar una demanda en ese sentido de Texas y varios otros estados liderados por republicanos que todavía debe resolver la Corte Suprema.
El plan de Biden es ofrecer un seguro médico público más accesible, similar al que ya existe para mayores de 65 años, y con eso darle cobertura “al 97% de los estadounidenses”, mientras que el sector más progresista de los demócratas apoyan un servicio universal, independiente de la capacidad de pago de cada ciudadano.
En un plazo urgente, el presidente electo también deberá dar una respuesta a la demanda de ayuda económica tras el golpe que propició la pandemia y, para eso, presentó un paquete estímulo de 1,9 billones de dólares que incluyen cheques para familias, fondos para reabrir las escuelas, liquidez para las pequeñas empresas y asistencias alimentarias reforzadas.
Otro de los temas que movilizó a gran parte del país y que se volvió central en la elección de Biden fue el racismo estructural.
En su retórica y a diferencia de Trump, Biden condenará los grupos vinculados a la Alt-Right (nueva derecha), pero más compleja es la situación con la violencia racial ejercida por las fuerzas de seguridad.
En este punto el demócrata se comprometió a aumentar las investigaciones del Departamento de Justicia sobre los cuerpos de policía, acusados de actuar bajo un “patrón” de abuso, y prometió crear un comité de Vigilancia de la Policía Nacional que incluya a líderes sociales y expertos en criminalidad.
Complementariamente, la reforma del sistema penal prometida es más profunda e incluye despenalizar el uso de drogas para consumo personal, terminar con los encarcelamientos por no pagar multas, el fin de la pena capital, acabar con las cárceles administradas por una gestión privada y con los mínimos obligatorios en las sentencias federales.
Por el contrario, Biden se opone a que las personas encarceladas puedan votar, lo que restringe el acceso a las urnas de forma desproporcionada a minorías y es un tema con el que choca con el ala más progresista de su partido, aunque el presidente electo sí se mostró a favor de restaurar ese derecho una vez cumplida la condena, lo que hoy no ocurre en todos los estados.
Otra cuestión central es la política migratoria.
Trump apuntaló gran parte del discurso que le permitió llegar a la Casa Blanca en 2017 en contra de la inmigración y el próximo Gobierno aseguró que una de sus primeras medidas será revertir algunas de las políticas de su antecesor como la expansión del muro en la zona limítrofe con México, la deportación de jóvenes indocumentados que hace años viven en el país -los llamados dreamers (soñadores)-, la separación de padres e hijos en la frontera y el veto migratorio para una serie de países de mayoría musulmana.
La encargada de dar adelantar algunos lineamientos en esta materia fue la futura vicepresidenta, Kamala Harris, hija de inmigrantes y a cargo del Senado, que al igual que la Cámara de Representantes tendrá mayoría demócrata: otorgar la ciudadanía a los dreamers y nombrar más jueces para reducir las demoras en los procesos legales, entre otros puntos.
La política ambiental también fue elegida por Biden para oponerse a la gestión de Trump.
Biden prometió que Estados Unidos reingresará al Acuerdo de París, un esfuerzo mundial para reducir los gases de efecto invernadero, y aseguró que pondrá a su país en camino para lograr emisiones cero a más tardar en 2050 a través de energías renovables, eficiencia energética y vehículos eléctricos.
Esta plataforma enoja tanto a gran parte del electorado de Trump que apoya la actual industria del petróleo y automotriz y los millones de empleos que genera, como al sector más izquierdista de los demócratas que proponen un Green New Deal (Nuevo Acuerdo Verde), en el que sostienen que no se puede esperar a 2050 para lograr la emisión cero.
Además, a diferencia de Biden, este sector progresista se opone rotundamente al fracking para obtener gas y petróleo del subsuelo, y, ante la presión de los republicanos, prometió en campaña defender esa forma de extracción aunque reconoció que gradualmente el país debe mudar a formas de energías más limpias.