La princesa de 35 años, hija de Mohammed bin Rached al-Maktum, responsable del emirato de Dubai y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, intentó sin éxito escapar en barco de esa ciudad-Estado del golfo Pérsico.
“Simplemente esperamos que la ONU pida de manera completa y clara su liberación y no solo una prueba de vida”, declaró Hiba Zayadin, investigadora sobre el Golfo en Human Rights Watch, a la agencia de noticias AFP.
“No sabemos cuál es la situación de la princesa Latifa en este momento. Los videos difundidos recientemente por la BBC no permitieron verificar cuándo y dónde fueron publicados”, agregó.
Los allegados de la princesa, que dicen no tener noticias de ella desde hace varios meses, transmitieron estos videos en los cuales Latifa afirma estar encerrada en una “mansión convertida en prisión”.
Esta semana, una portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró a la BBC que interrogará a Emiratos Árabes Unidos sobre la princesa.
Y un día más tarde, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, pidió tener pruebas de que la princesa Latifa está viva, en declaraciones al canal Sky News en las que habló de un “caso muy difícil”.
Amnistía Internacional pidió a “la comunidad internacional prestar atención a los pedidos de ayuda de Sheikha Latifa” y saludó la promesa de la ONU de “plantear la cuestión a las autoridades”.
“El contenido de los videos que la princesa Latifa grabó es aterrador y estamos extremadamente preocupados por su seguridad”, declaró Lynn Maalouf, directora adjunta de Amnistía para Medio Orientre y Norte de África.
En marzo de 2020, la justicia británica dictaminó que el emir de Dubái había ordenado el secuestro de dos de sus hijas, Latifa y Shamsa.
Con solo 18 años, esta última intentó huir de su padre en 2000 mientras estaba de vacaciones en Inglaterra.
Según el relato de Latifa, Shamsa fue encontrada después de dos meses, fue “drogada”, llevada de regreso a Dubai y “encerrada”.
Las organizaciones de derechos humanos acusan de manera regular a Emiratos Árabes Unidos, un Estado cercano a países occidentales, de violar los derechos humanos y reprimir las voces críticas.
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