La causa, que también involucra a otros funcionarios del anterior gobierno, fue iniciada por los diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana, está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Ramiro González.
La denuncia presentada es por la venta a ”precio vil”, inferior al de sus construcciones, de las centrales térmicas Brigadier López y Ensenada Barragán, en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, respectivamente, que “ocasionó una pérdida multimillonaria en dólares al Estado Nacional”.
“Cómo puede admitirse que el Estado argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 millones de dólares menos (Ensenada de Barragán) y 110 millones de dólares menos (Brigadier López) de lo que valía en 2012?”, se preguntaron los denunciantes.
Según constancias de la causa, en la que además de Macri están imputados los ex ministros Javier Iguacel y Juan José Aranguren, el ex presidente de Ieasa (ex Enarsa), Mario Dell Acqua, y otros directivos de la empresa, la central térmica Brigadier López fue adjudicada en 165.432.500 dólares a Central Puerto y Ensenada Braragán por 229.529.500 dólares al grupo YPF-Pampa.
En la reciente presentación, el actual presidente de Ieasa, Andrés Cirnigliaro, sostuvo que la venta y privatización de ambas centrales térmicas de generación eléctrica “constituyó una pérdida económica sin precedentes para operaciones de esta naturaleza”.
Cómo fue el proceso de venta. Recordó que, cuando por decreto 882/2017 se dispuso la venta con transferencia del personal y contratos de ambas centrales, se consideró que la generación de energía eléctrica era una “actividad mayoritariamente desarrollada por agentes privados”, para “asegurar su funcionamiento” y suministro a todo el país, en “un mercado competitivo”.
Cirnigliaro precisó que, en su momento, Enarsa “financió la construcción de las centrales mediante la colocación de títulos fiduciarios” denominados Valores Representativos de Deuda (VRD), suscriptos en su totalidad por el Fondo de Garantía (FGS) de la Anses.
Acotó que Enarsa respaldaba el pago del financiamiento al FGS (único acreedor de los VRD) con el resultado de la venta de energía y que para efectivizar la privatización, el fondo debía prestar su conformidad y se debía sumar la garantía con fondos públicos, lo que tuvo dictamen en contra de la Procuración del Tesoro de la Nación que sostuvo que el mismo perdía vigencia en caso de transferencia a privados.
Relató que como Ieasa carecía de los fondos para adquirir la totalidad de los VRD y, por tal motivo, la compra de estos debía realizase en simultáneo con la venta de las centrales, en diciembre de 2018 la Secretaría de Energía aprobó cambios en los términos de las licitaciones, lo que le provocó “pérdida del valor de su activo”.
Cirnigliaro afirmó que las “numerosas modificaciones al proceso licitatorio en procura de una pretendida mayor concurrencia de participantes, solo se presentó una empresa para cada licitación” lo que derivó la adjudicación de la venta de las centrales con “pésimas condiciones” para el Estado Nacional.
“Sería absurdo sostener que los directivos de Ieasa actuaron de manera correcta en pos de resguardar el interés societario”, expuso el escrito de ampliación de denuncia por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con el desempeño de la función pública y defraudación al Estado.
“Esto fue posible por la ejecución de una cantidad inédita de irregularidades y actos administrativos deliberados con el objetivo de allanar el camino para enajenar las dos centrales a un precio vil y mecanismo dañino para Ieasa, esmerilando en definitiva el patrimonio del Estado Nacional, pero muy rentable para los compradores”, se denunció al inicio.
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