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El senador libertario Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, desató una fuerte controversia en el Senado al intentar modificar un proyecto de ley para exceptuar a familias “en estado de necesidad” de las penas por la compra y venta de menores. El proyecto original, que busca tipificar como delitos la compra y venta de niñas, niños y adolescentes, había sido aprobado en general y por unanimidad en dictamen previo.
A casi un mes de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, se suma esta polémica en el Senado mientras se discutía el aumento de las penas por el delito de sustracción y/o comercialización de menores. Al tomar la palabra, el senador riojano Pagotto introdujo modificaciones de su autoría al leer el proyecto aprobado por dictamen, añadiendo una excepción para progenitores que entregaran a sus hijos en estado de necesidad.
La maniobra fue rápidamente denunciada por la senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria (UP), quien interrumpió la lectura para señalar que Pagotto no estaba leyendo el dictamen aprobado sino una propuesta personal no discutida. “Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas, pero no es el dictamen”, acusó Di Tullio.
Previo a esta sesión, Pagotto había sugerido que familias con muchos hijos a veces entregaban “algún chico” y que sancionarlas dejaría al resto de la familia sin protección. Este argumento fue usado para justificar la inclusión de una excepción no discutida en el dictamen.
Debido a la polémica generada, el senador José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, planteó una moción para que el texto regrese a comisión para una revisión del articulado. Esta moción fue aprobada, y el proyecto será discutido nuevamente el próximo 10 de julio.
Principales puntos del proyecto de ley
El proyecto de ley, presentado por los senadores radicales Carolina Losada y Eduardo Horacio Galaretto, busca tipificar como delito la compra y venta de niños, niñas y adolescentes. Anteriormente presentado en 2022, el proyecto había perdido estado parlamentario.
El proyecto incluye la modificación del artículo 139 bis del Código Penal sobre la venta y compra de menores de edad, aumentando la pena mínima de tres a cuatro años y la máxima a diez años. También propone la incorporación del artículo 139 ter, que establece penas de prisión de cinco a quince años para quienes faciliten, promuevan o intermedien en estos delitos.
Además, se propone la pena de prisión e inhabilitación especial por el doble del tiempo de condena para funcionarios públicos o profesionales involucrados en estos delitos. El texto original también contemplaba la eximición de la pena a los progenitores en “situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas”, con ciertas excepciones.
Reacciones y preocupaciones
La organización “Militamos adopción” reaccionó en redes sociales, afirmando que “Los niños no son mercancía, ni puede equipararse la apropiación con adoptar. No existe la adopción ilegal, si no es legal es apropiación”. Ante la maniobra de Pagotto, esta organización y otros actores trasladaron su preocupación a diferentes senadores.
El caso Loan y la reciente polémica en el Senado resaltan la necesidad urgente de legislar con claridad y responsabilidad sobre la protección de menores, evitando cualquier forma de flexibilización que pudiera poner en riesgo a los niños y niñas vulnerables.
