Las defensas de los acusados habían solicitado que se declarara la nulidad de las indagatorias luego de que la Cámara Federal porteña anulara los procesamientos que en su momento dictó el ya jubilado juez federal Rodolfo Canicoba Corral, tras considerar no se les había permitido a los imputados el pleno acceso a la prueba.
Al rechazar el nuevo planteo formulado por Dietrich, Javier Iguacel (extitular de Vialidad Nacional) y Bernardo Saravia Frías (exprocutador del Tesoro), la jueza argumentó que no se vislumbra la violación al derecho de defensa alegada por los abogados de los imputados porque actualmente tienen acceso a todas las pruebas y pueden ampliar sus declaraciones indagatorias, según pudo reconstruir Télam de fuentes judiciales.
La magistrada sostuvo en el fallo que firmó el último miércoles que los acusados pueden en la actualidad “presentar los elementos probatorios” que consideren oportunos “para rebatir la imputación que se les efectuara tantas veces lo consideren pertinente”.
En septiembre pasado, la Cámara Federal porteña había declarado la “nulidad” de los procesamientos a Dietrich, a su entonces par de Hacienda, Nicolás Dujovne, Iguacel y Saravia Frías, pero no había derribado sus respectivas indagatorias.
Esos cuatro exfuncionarios de Cambiemos habían sido procesados en la causa en la que se investiga si desde el Gobierno de Mauricio Macri se favoreció a empresas concesionarias de peajes, como Autopistas del Sol S.A (AUSOL), vinculadas comercialmente con empresas de la familia del expresidente.
La nulidad de los procesamientos había sido dispuesta por la sala II del tribunal de apelaciones con los votos de los jueces Martín Iruruzn y Leopoldo Bruglia que sostuvieron que quel pronunciamiento se apoyaba “sobre pruebas a las que previamente no se tuvo posibilidad de controlar o confrontar para alegar sobre ellas”.
En este expediente se investigan maniobras a través de las cuales las empresas AUSOL y Grupo Concesionario Oeste S.A. lograron prolongar la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste respectivamente hasta 2030, sin pasar por un previo proceso licitatorio, y que el Estado les reconociera supuestas deudas de 499 millones de dólares y 247 millones de dólares, según el caso.
Cuando los procesó, a fines de julio pasado, el entonces juez Canicoba Corral sostuvo que tanto Dietrich como Iguacel, que por entonces era el titular de Vialidad, y Frías habrían actuado “direccionando toda negociación y contratación” para beneficiar a empresas vinculadas con el Grupo Macri.
A Dujovne lo encontró responsable de omitir “intencionalmente intervenir en el trámite de renegociación contractual, el cual debería haber suscripto y en todo caso, haber confeccionado los informe técnicos, económicos y dictámenes jurídicos propios de esa cartera con incumbencia en la materia”.
La pesquisa gira en torno a un reconocimiento de multimillonarias cifras a las empresas concesionarias por inversiones supuestamente realizadas “pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida”, según consta en el expediente.
Al dictar los procesamientos, Canicoba Corral había remarcado que para justificar el reconocimiento de una presunta deuda a las empresas beneficiadas se utilizó una “supuesta presión de un trámite arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)” en base a una demanda contra la Argentina “que, según pudo determinarse en esta investigación, resultaba de casi imposible acogida favorable”.
La demanda ante el tribunal internacional, formulada por una empresa que había estado vinculada al grupo Macri y presentada pocos días antes de que el expresidente asumiera en el cargo, sirvió -según la investigación- para intentar simular un contexto internacional que justificara que el Estado argentino reconociera a las concesionarias lo que reclamaban.
Pese a todo ello, el 26 de junio de 2018 “se celebraron en favor de Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario Oeste, los Acuerdos de Renegociación Contractual de contratos de Concesión del Acceso Norte y Acceso Oeste”, había remarcado Canicoba Corral.
El exjuez había calculado un posible perjuicio por 499 millones de dólares reconocidos en el contrato a Autopistas de Sol y 247 millones de dólares en el caso del Grupo Concesionario Oeste SA.
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