“Solicito a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura que disponga la apertura del procedimiento de remoción del juez denunciado y ordene su suspensión” para que, “oportunamente, se formule la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento”, sostiene el escrito de la denuncia presentada por Beraldi y a la que tuvo acceso Télam.
El letrado reseña en su presentación que el 19 de diciembre de 2017, el juez federal Julián Ercolini procesó, dictó prisión preventiva y trabó “un multimillonario embargo” sobre los bienes de los titulares de Indalo, Cristóbal Manuel López y Fabián De Sousa.
En marzo de 2018, los magistrados Jorge Ballestero y Eduardo Farah, por entonces integrantes de la Cámara de Apelaciones, revocaron esas detenciones, modificaron la calificación legal de los hechos imputados y redujeron el monto del embargo que había sido trabado.
En ese escrito consta que dos días después de conocerse aquella resolución, el por entonces presidente Mauricio Macri brindó un reportaje televisivo en el cual hizo alusión a la situación judicial de López y De Sousa, representado por Beraldi.
Macri expresó sin tapujos que estaba “indignado” por la decisión de la Cámara de Apelaciones, y señaló: “Esto no es lo que habíamos acordado”.
Tras esas declaraciones, Beraldi afirma en la denuncia que “se desató una feroz campaña en contra de Ballestero y Farah, cuyo resultado fue que el primero presentara su dimisión y el segundo fuera trasladado hacia otro Tribunal”.
“Recientemente, Farah, al prestar declaración ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, ratificó las presiones que había sufrido después de haber dictado el fallo aludido”, subraya Beraldi.
El 27 de abril de 2018, “luego de un trámite exprés de tan solo catorce días, inédito en este tipo de casos, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Eduardo Riggi y Gustavo Hornos dispusieron revocar lo resuelto en la instancia anterior, restableciendo la prisión preventiva de López y De Sousa”.
Y el letrado denunciante afirma que “para justificar el encarcelamiento de los nombrados, los jueces aseguraron que los imputados habían violado una orden judicial que les impedía vender el paquete accionario del ‘Grupo Indalo’”.
En el voto de aquella resolución que revocó las libertados de los titulares del Grupo Indalo, Riggi “no ahorró crítica alguna en contra de Cristóbal López, haciendo consideraciones no solo insólitas sino también impropias para una sentencia dictada en tiempos democráticos”.
Así, Beraldi recuerda que Riggi definió a López como un “irrespetuoso” en razón de las declaraciones que éste efectuara el día que recuperó su libertad y aseguró que aquél y su socio De Sousa, pese a no contar con ninguna condena penal, revelaban a su juicio una ‘familiaridad manifiesta con el delito'”.
El abogado sostiene que “el hecho invocado para ordenar la prisión preventiva de López y De Sousa era falso”, ya que ninguno “se había desapoderado de ningún bien”, y ello fue ratificado la jueza María Eugenia Capuchetti, quien los sobreseyó por “inexistencia del delito que se les había sido atribuido”.
A raíz de lo que el abogado considera como “arbitrariedades cometidas en contra de López y De Sousa, se formuló una causa de referencia, la cual se encuentra radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1.
En dicho proceso se investiga a una presunta organización delictiva integrada, entre otras personas, por altos funcionarios del anterior gobierno nacional -entre ellos, Macri, quienes “se habrían valido del poder estatal y de los recursos a su disposición para llevar a cabo múltiples actos ilícitos”.
La jueza que interviene en esta causa ordenó que se periten los teléfonos celulares de los imputados, entre ellos, Macri, Mario Quintana, José Torello, Fabián Rodríguez Simón con el propósito de corroborar las distintas reuniones que fueron relatadas en la denuncia.
La defensa de Macri interpuso un recurso de casación, que determinó que tomara intervención en el caso la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, cuyo presidente es Riggi, quien a juicio de Beraldi “no debió haber intervenido en el caso”
Entre otras medidas, el camarista requirió a Servini que se le remitiera la totalidad del expediente, en forma física, circunstancia que naturalmente determinaría la suspensión del trámite de la investigación.
Para el abogado, la decisión de Riggi, “además de importar un claro apartamiento de las reglas procesales que rigen el trámite de los recursos, determinó la paralización de una causa en la que se investigan hechos gravísimos de corrupción cometidos desde las más altas esferas del anterior gobierno nacional”.
Por todo lo expuesto en su escrito, Beraldi le solicita al Consejo de la Magistratura que “se suspenda al magistrado denunciado y se formule acusación en su contra ante el Jurado de Enjuiciamiento por la causal de mal desempeño”.
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