La decisión fue tomadas a través del Decreto 239/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro de Justicia, Martín Soria y de su par de Economía, Martín Guzmán.
En el artículo 1° del decreto se “instruye al Procurador del Tesoro para que se constituya en parte querellante, en representación del Estado, en la causa N° 3561/2019 ‘Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública'”.
La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal.
La norma sostiene la necesidad de que el Procurador “coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado”.
El endeudamiento asumido durante el gobierno de Cambiemos con el FMI, fue definido por el presidente Alberto Fernández en marzo pasado -al abrir las sesiones ordinarias en el Congreso- como “la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.
En ese marco, el Presidente anunció que impulsará una querella criminal para abrir la investigación que busca determinar la existencia de esos delitos.
En tanto, en el artículo 2° del decreto publicado hoy, también se instruye al Procurador “a iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal”.
Del mismo modo, determina que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) debe analizar “la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada, en el marco del Acuerdo Stand-By iniciado a través de la Carta de Intención del 12 de junio de 2018 y sus documentos modificatorios, ampliatorios y complementarios”.
Las autoridades también solicitan la “colaboración” del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en sus materias de competencia.
En relación a esta situación, la Comisión Bicameral Parlamentaria de Seguimiento y Control del Pago de la Deuda Externa acordó hoy invitar al ministro de Economía, Martín Guzmán, y a funcionarios de la Sindicatura General de la Nación, el Banco Central y la Oficina Anticorrupción para que brinden informes sobre nivel de endeudamiento y negociaciones en curso.
El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, al ser ratificado hoy como presidente del cuerpo, accedió al pedido de senadores y diputados de ambas bancadas en una reunión que se realizó por videoconferencia.
En ese marco, el diputado nacional del oficialismo José Luis Gioja planteó también la necesidad de convocar a autoridades de la SIGEN, de la Procuración General del Tesoro, de la Oficina Anticorrupción y del Banco Central para que ofrezcan precisiones sobre la causa del endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri.
Desde Juntos por el Cambio, el senador radical Ernesto Martínez, pidió la presencia del ministro Guzmán para dar precisiones sobre la renegociación de la deuda emprendida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de Paris.
Al aceptar la propuesta, Mayans dijo que “la renegociación con ambos organismos es la más difícil que la Argentina tiene por delante” y consideró que “puede servir para cambiar los valores del sistema financiero de nuestro país, sobre todo de estas tasas que son realmente monstruosas e impiden el desarrollo de nuestra economía”.
El senador por Formosa explicó que el Gobierno nacional procura “bajar los intereses y mejorar los tiempos para que la Argentina asuma un compromiso que pueda cumplir”.
El Parlamento “deberá también resolver si va a acompañar o no la negociación por la deuda”, agregó.
El 1 de marzo pasado, en el marco de la Asamblea Legislativa, el Presidente anunció el inicio de la investigación y adelantó que constaría de tres etapas: la auditoría de la Sigen, la confección y presentación de la denuncia por la OA y, finalmente, la constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional que encabeza Zannini.
Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el Presidente anunció que había “instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.
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