El juez, quien desenmascaró al falso abogado Marcelo D’Alessio, pidió en un escrito de 23 páginas “evaluar la necesidad y conveniencia de que intervenga un único tribunal en el análisis de todas las conductas de espionaje político que se han acreditado en estos expedientes”.
El magistrado se refirió así a la causa que tramita en su juzgado y que investiga la existencia de una asociación ilícita entre espías de la AFI, miembros del ministerio público y exfuncionarios de la gestión de Mauricio Macri para extorsionar, pero también a las otras causas por espionaje ilegal, que tramitan en los tribunales federales de Lomas de Zamora y Ciudad de Buenos Aires, y que involucran a ex funcionarios, agentes de inteligencia y otras personas.
Luego de hacer ofrecer un detalle de las causas relacionadas, el juez Ramos Padilla –quien desde este viernes pasará a desempeñarse como juez federal de La Plata- solicitó que cada una de estas dependencias judiciales aporte “fecha de inicio (de la investigación), imputados, querellantes, operaciones de espionaje investigadas, modus operandi, estado actual de la causa y cualquier otro elemento que pueda ser útil para la sustanciación de la presente”.
También solicitó Ramos Padilla a sus colegas “copias de los actos procesales relevantes, como requerimientos fiscales, autos de mérito, planteos de competencia finalizados o en trámite, entre otras”.
En paralelo, Ramos Padilla solicitó que se corra vista de su pedido a las querellas, las defensas y al ministerio público fiscal, para que en un plazo de cinco días se expidan sobre “la pertinencia, conveniencia y oportunidad de unificar esos procesos; y, en su caso, las vías procesales por las que ello debería instrumentarse”.
La Sala IV de la Casación, con los votos de los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo y la disidencia de Ángela Ledesma, decidió que la investigación por el espionaje político que tramitaba en el juzgado de Lomas de Zamora a cargo de Juan Pablo Augé pasara a los tribunales de Comodoro Py, haciendo lugar así al pedido de los imputados Gustavo Arribas (ex titular de la AFI en la gestión macrista) y de Darío Nieto, ex secretario privado de Mauricio Macri.
Esta decisión fue recurrida por el abogado querellante Carlos Beraldi y entonces Casación decidió que se suspenda el traslado hasta que la Sala IV defina si hace lugar al pedido para que el recurso extraordinario llegue a la Corte Suprema.
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