El fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, presentó las imputaciones por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público de tres integrantes del PAMI, ante la jueza federal de Garantías, Mariela Giménez, quien luego de escuchar los argumentos y pruebas presentadas por la fiscalía dio por formalizada la investigación penal.
La audiencia se concretó por videoconferencia, y Toranzos, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, avanzó con las actuaciones iniciadas en agosto pasado, cuando a través de un informe periodístico se conoció una lista de concejales y funcionarios nacionales que habían cobrado el IFE.
El 26 de agosto pasado, el representante del Ministerio Público Fiscal formalizó la acusación penal por los mismos delitos en contra de 17 concejales y un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
En esta ocasión, la imputación se dirigió a Emilia Juárez, Viviana Beatriz Fernández y Javier Navarreta, quienes cumplen funciones de gerencia operativa en dependencias del PAMI en las localidades salteñas de Orán, El Carril y Embarcación, respectivamente, indicaron fuentes judiciales.
Tras identificarlos y repasar los objetivos de la creación del IFE, Toranzos presentó la acusación y expresó que existían sospechas sobre 13 funcionarios del PAMI en esta provincia que habrían cobrado indebidamente este beneficio, pero de las tareas investigativas surgió que solo tres de ellos habrían incurrido en esta irregularidad.
Fernández fue designada como titular de la Agencia PAMI en la ciudad de Orán, del norte provincial, mientras que Juárez fue designada en febrero pasado como titular del Centro de Atención Personalizada que el PAMI posee en la localidad de El Carril, y Navarreta se desempeña desde marzo pasado como titular del Centro de Atención Personalizada del organismo en la localidad de Embarcación, también del norte salteño.
Los tres pidieron el IFE cuando ya estaban designados en su cargos y cobraron el beneficio en dos oportunidades.
Por ello, el fiscal solicitó la formalización de la investigación penal en contra de los tres funcionarios públicos nacionales, por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Destacó que la conducta de los tres encaja con la calificación penal planteada, ya que, sabiendo que el IFE es un beneficio otorgado a personas sin relación de dependencia y compatibles con los requisitos de la Asignación Universal por Hijo, igualmente se hicieron de este dinero en perjuicio del Estado Nacional.
Al sustentar esta acusación, el fiscal informó que se reunieron diversas pruebas, entre ellas informes de la AFIP, detalles de cuentas bancarias, los montos percibidos por el IFE y los decretos de designación de cada uno, cargo y función en las que fueron nombrados dentro del PAMI.
Entre otras evidencias, Toranzos citó la documentación bancaria que respalda el cobro del IFE por parte de los acusados, quienes se abstuvieron de prestar declaración.
La fiscalía solicitó 40 días hábiles para seguir con las actuaciones y requirió que los investigados se presenten cada 15 días en la delegación de Gendarmería más cercana, con el compromiso de no entorpecer la investigación y la prohibición de salir del país, a lo que la jueza hizo lugar.
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