Ayala indicó que se estudia la instrumentación de un batallón de apoyo a la seguridad interna en las Fuerzas Armadas, es decir, una unidad especializada para apoyar a la Policía Nacional sin invadir sus fueros institucionales y que no funcione de manera excepcional como sucede ahora.
“Estamos evaluando crear el batallón de apoyo al orden interno. Para que no digan que son improvisados, a pesar de que no lo son porque tienen estudios, van a hacer un batallón donde se les van a dar cursos de derechos humanos y de seguridad ciudadana”, apuntó.
“Esto no quiere decir que van a invadir fueros de la Policía. Para que no haya estos comentarios de que solamente van a ir a disparar, lo cual está mal. No olviden que las Fuerzas Armadas están prestando apoyo actualmente al Ministerio de Salud, están haciendo respetar el orden interno”, explicó.
El decreto que habilitó esta semana el despliegue interno de militares aclaró que la intervención de las Fuerzas Armadas no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Perú es parte.
Uno de los primeros respaldos a la norma fue de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, para quien la medida es positiva siempre y cuando “las actividades se realicen en el marco constitucional, y respetando fundamentalmente los derechos de las personas”.
En contra se pronunció el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien se declaró “preocupado” por la decisión.
El director de la organización defensora de los derechos humanos añadió que “los soldados están entrenados para la guerra, no para el control del orden público”.
Hace solo unos días, el Gobierno había autorizado la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional en Lima y Callao para “asegurar el control y el mantenimiento del orden interno” y la ejecución de operaciones policiales durante 30 días calendario.
La medida, según el Gobierno, surgió por un pedido de la Policía debido al “incremento significativo” en los índices de la delincuencia común y organizada en las jurisdicciones mencionadas.
En sus declaraciones de hoy, el ministro de Defensa también se refirió a los cambios de los titulares del Ejército y la Fuerza Aérea.
Negó que se hayan dado por discrepancias de los altos mandos con los ascensos de oficiales de fines de octubre, ni con desacuerdos con la resolución que autorizó el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía en Lima y Callao. “Son rumores, especulaciones, no hay nada objetivo”, aclaró.
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