Con el 42,5% de participación -6.334.581 de votos emitidos-, los comicios definieron 155 convencionales constituyentes, 17 de ellos reservados a los pueblos originarios y con paridad entre mujeres y hombres.
Con el 99,91% de los votos escrutados, las bancas de quienes elaborarán la nueva Carta Magna chilena quedaron distribuidas se la siguiente manera: 37 para Vamos por Chile; 25 para Apruebo, de la ex Concertación, 28 para la lista Apruebo Dignidad que reúne al Frente Amplio, el PC, Revolución Democrática (RD) y otros grupos y 48 para las listas de independientes, según informó la comisión electoral en su página web.
El dato político más importante de esta elección de constituyentes es que la derecha no alcanzó el tercio necesario para bloquear las iniciativas que impulsará el arco opositor en el debate para modificar el espíritu de la actual Constitución, promulgada durante la dictadura y que fue el centro de las críticas durante el estallido social de 2019.
Tras las manifestaciones que exigían un cambio constitucional, se logró en el Congreso chileno un acuerdo de redactar una nueva Carta Magna desde una “hoja en blanco”, pero la derecha logró imponer como condición un mayoría especial de dos tercios para avanzar en el texto, lo que le hubiera permitido vetar cualquier tema.
Los inesperados resultados, no obstante, abren un escenario de futuras negociaciones de difícil pronóstico que no estaba en los planes del oficialismo ni de la oposición.
En Chile se utiliza el sistema D’Hondt para los cargos constituyentes, que consiste en un método matemático de carácter proporcional, que busca fortalecer la representatividad en los delegados a escoger.
Estos 155 convencionales constituyentes tendrán la tarea de redactar una nueva Constitución en un máximo de 12 meses, y cada norma debatida deberá contar con una aprobación de los dos tercios.
Luego el proyecto de nueva Constitución deberá ser sometido al llamado “plebiscito de salida”, en el que los chilenos votarán nuevamente si aprueba o rechazan la Carta Magna.
De ganar el “apruebo”, se convoca a una sesión solemne del Congreso Pleno y se jura sobre la nueva Carta Fundamental.
En caso contrario, queda vigente el texto actual, que data de 1980, escrito durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
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