El exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías y el exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel fueron procesados por administración fraudulenta en la causa que investiga las irregularidades en las concesiones de los peajes. El juez Rodolfo Canicoba Corral, además, les trabó un embargo de 500 millones de pesos. Además, llamó a declaración indagatoria para este viernes al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y para el lunes al ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
La semana pasada los dos ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri se negaron a declarar y recusaron al magistrado por presunta parcialidad. Este lunes, la recusación fue rechazada por el juez y los procesó sin prisión preventiva.
La causa que se inició a partir de una denuncia de los diputados Rodolfo Tahilade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau investiga tres ejes fundamentales:
- La prórroga de las concesiones por diez años más sin llamar a una nueva licitación, como establece la ley.
- El pago a las empresas por parte del Estado de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas.
*La venta de las acciones que Mauricio Macri tenía en Ausol S.A. a una empresa sin experiencia en el rubro, llamada Natal Inversiones S.A. El entonces presidente se desprendió de los papeles a mediados de 2017. Las acciones fueron compradas por Natal un 400 por ciento más caras de lo que valían antes de la llegada de Macri a Casa Rosada y tras la sideral suba de tarifas autorizada por su gobierno.
POR QUÉ DUJOVNE
El rol de Nicolás Dujovne quedó en la mira de los investigadores en la causa por las escandalosas concesiones de los peajes. Es porque se contrató a un consultor privado para que evaluara si los nuevos contratos de la Panamericana y el Acceso Oeste eran beneficiosos o no para el Estado, tarea que le correspondía al Ministerio de Hacienda. La numerosa documentación acumulada fue analizada en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral.
En su momento, Hacienda, entonces a cargo de Dujovne, no firmó el dictamen necesario que avalara los requisitos de los futuros contratos, tal como indica la ley. En su lugar, Vialidad Nacional –bajo la dirección de Javier Iguacel– contrató a un consultor externo, quien elaboró un informe sobre la conveniencia o no para el Estado de las nuevas condiciones de concesión. Es decir, se delegó a un privado la tarea de velar por los intereses del Estado, rol que le correspondía en ese caso a la cartera que comandaba Dujovne. Por eso, la última medida de prueba ordenada por Canicoba Corral fue el pedido de información a Vialidad para determinar por qué se contrató a un privado para ese trabajo y cuáles fueron los honorarios que recibió a cambio.
POR QUÉ DIETRICH
El gobierno de Macri, a través de Dietrich, le reconoció una deuda de 499 millones de dólares a las concesionarias por supuestas inversiones no realizadas por el Estado. El argumento para acceder al pago de la exhorbitante cifra fue que de esa manera la controlante de las firmas, la española Abertis, levantaría una demanda contra la Argentina que había iniciado ante el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial. La hipótesis es que los concesionarios, en connivencia con los funcionarios macristas, armaron esa denuncia ficticia para justificar el cobro de ese dinero.
Macri, de la mano de los imputados Iguacel y Dietrich permitió aumentos siderales de las tarifas de peajes lo que derivó en que Socma SA, vendiera sus acciones a mediados de 2017 a precio récord. La acción trepó de tres a 83 pesos, es decir, un 400 por ciento más. Quien se quedó con el siete por ciento vendido por el entonces Presidente fue una empresa llamada Natal SA, sin antecedentes en el rubro y que pagó 19,7 millones de dólares, cuando facturaba sólo unos dos millones de pesos anuales. La sospecha es que pudo haber sido una venta simulada.
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