Según la nueva medida, los jubilados recibirán aumentos mensuales basados en el índice de Precios al Consumidor, sumado a un incremento único del 12,5% para ese mes, dejando fuera más de 30 puntos de inflación pasada.
Milei y Caputo defienden esta medida argumentando dos razones principales. En primer lugar, señalan que la oposición, tanto firme como amigable, no estaba dispuesta a respaldar recortes tan significativos en las jubilaciones y estaban diseñando fórmulas alternativas para proteger los ingresos de los jubilados. En segundo lugar, sostienen que esta reducción en los ingresos de los jubilados es necesaria para lograr el equilibrio fiscal del país, considerando a los jubilados como la variable más importante para ajustar y reducir el gasto público.
El tema de las jubilaciones era uno de los puntos más debatidos en la agenda parlamentaria, con diversos proyectos de reforma previsional acumulándose en el último mes. Sin embargo, el gobierno ha optado por eludir el debate democrático en el Congreso y avanzar con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de controvertida constitucionalidad.
La medida ha generado una fuerte polémica y ha levantado críticas tanto dentro como fuera del ámbito político, con muchos cuestionando la falta de diálogo y consenso en la toma de decisiones que afectan directamente a los jubilados. La preocupación por el impacto social y económico de esta medida sigue creciendo, mientras se espera una respuesta oficial por parte del gobierno ante las crecientes críticas y el malestar generado por esta controvertida medida.