“Está probado que hubo espionaje ilegal, es uno de los capítulos más oscuros de la democracia”

La abogada Valeria Carreras, que representa a la mayoritaria de las familias del ARA San Juan en la causa, se refirió a la escandalosa causa de espionaje ilegal sobre las personas más cercanas de los 44 submarinistas muertos. “Mi expectativa es que Mauricio Macri vuelva a mentir. Mi expectativa es lo mismo que padecieron las familias: las familias esperaban la verdad de Macri y de sus ministros pero no la tuvieron”, aseguró sobre el nuevo llamado a indagatoria al ex presidente. 

Hasta el momento, la Justicia tuvo que llamar 4 veces a Macri para lograr que declare. La última vez se excusó en el “secreto” que deriva de su rol de ex presidente. Por eso no declaró y ahora volverá a ser citado. ¿Qué oculta Macri? ¿Por qué tantos rodeos si no tiene nada que ocultar como suele decir?

Además, Carreras se refirió a las pruebas que podrían demostrar que Macri sabía lo que hacían los agentes de la AFI que siguieron y espiaron a muchas familias. “No creo que con 59 visitas de Gustavo Arribas a la residencia de Olivos más el registro de las visitas a la Casa Rosada, algunas en coincidencia con los reportes de la AFI, no tuviera conocimiento de esto. Yo descreo que pueda deslindarse como públicamente lo hizo. Un elemento que me indica que Macri sabía es que, en su libro, él dice: ‘En una causa en la que se me pueda acusar de espionaje es muy difícil de probar mi inocencia porque ahí nadie deja pruebas. Si hubiera habido algo así en mi gobierno, que yo no me enteré, habría sido cuentapropismo'”.

Por último, la abogada insistió sobre un hecho que suele pasarse de alto: hay muchas pruebas sobre el espionaje ilegal, más allá de las responsabilidades. “Estoy frente a pruebas de tareas de inteligencia no ordenadas por un juez. Yo creo que va a ser uno de los capítulos más negros en democracia haber comprobado el espionaje ilegal sobre víctimas”, aseguró. 

En resumen, está comprobado que sectores de un gobierno democrático persiguieron y escucharon ilegalmente a personas civiles. Y lo hicieron de forma sistemática durante dos años. No hay un antecedente así en toda la democracia argentina. El gobierno de Macri lo hizo.