Dos operativos policiales que terminaron con trabajadores desocupados y personas sin techo heridas. Los organismos de derechos humanos y legisladores nacionales repudiaron la violencia institucional que ejerce el Gobernador Gustavo Sáenz.
Fue un martes para el olvido. Al mediodía, ante los ojos de Dios y del Monseñor Mario Antonio Cargnello, trabajadores mineros despedidos fueron detenidos en las puertas de la Catedral salteña cuando se apostaban a reclamar por su reincorporación. Más tarde, pasadas las 21, un mega operativo policial reprimió y desalojó a las familias del asentamiento San Calixto, a pesar de que habían niños, niñas y adultos mayores.
La Policía reprimió sin orden judicial a alrededor de mil familias asentadas en terrenos fiscales de los barrios San Calixto y ampliación Parque La Vega, en la zona sur de la ciudad de Salta. Según el relato de vecinas, los uniformados comenzaron a los tiros luego de que una mujer intentara ingresar cartones para protegerse del frío en la intemperie. La Policía cercó los accesos. Habia mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas con heridas. Desde la toma señalaron que no hubo advertencia previa para que desalojaran.
La jornada convulsionada que se vivió pone bajo la lupa, otra vez, a la administración del gobernador Gustavo Sáenz y particularmente la de su ministro de Seguridad, el ex coronel Juan Manuel Pulleiro. Los sucesos tuvieron réplica en la agenda local y el repudio recaló en la Cámara de Diputados local, donde parlamentarios brindaban ya sendas críticas a la gestión de la pandemia en materia sanitaria.
Repudios
Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena –CLOC Vía Campesina UTEP repudiaron por las redes sociales el accionar.
La integrante del Colectivo de Abogades Populares, Cecilia Jezieniecki, dijo que fueron alrededor de 100 los vecinos heridos por la represión de la Policía de Salta durante el desalojo ocurrido el martes en los asentamientos San Calixto y Parque La Vega.
Déficit habitacional
Lejos de ser un fenómeno aislado, las tomas de terrenos se replican a lo largo y ancho del país. Son consecuencias de la crisis que atraviesa el país luego de cuatro años con números negativos para las mayorías que fueron profundizados por la pandemia.
El Gobierno Nacional reconoce la emergencia habitacional y por ello lanzó distintos programas para motorizar la construcción de viviendas para los sectores más desprotegidos, como el Plan Nacional del Suelo, además de relanzar el PROCREAR.
Desde Jujuy a la Provincia de Buenos Aires, las tomas de terrenos en desuso son una postal que grafica la situación de miles de familias. Pero en Salta aún no se materializó el inicio de loteos, estancados desde la gestión anterior. Sólo llegaron balas y gases.
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