Tres dirigentes de alto nivel de Juntos por el Cambio, el diputado Fernando Iglesias y los exfuncionarios Fernando De Andreis y Fátima Micheo, fueron denunciados por el presunto delito de “enriquecimiento ilícito” durante su paso por la función pública.
El diputado oficialista Rodolfo Tailhade formuló las dos denuncias, que recayeron ambas en el juzgado federal de Sebastián Casanello, por las supuestas inconsistencias de la evolución patrimonial de los tres, consignadas en sus declaraciones juradas patrimoniales.
En el caso de Iglesias, la denuncia sostiene que “durante los años 2018 y 2019, correspondientes a su actual mandato como diputado nacional, se enriqueció patrimonialmente de manera apreciable e injustificada en relación con sus ingresos legítimos conocidos”.
“Al asumir en diciembre de 2017, consignó un patrimonio de $ 3.796.461,98 y una deuda de $ 44.708, lo que totalizaba un patrimonio neto de $ 3.751.753,98., en tanto que al cierre de 2019 declaró ante la OA activos por $ 12.250.198,90) y una deuda por 2.210.000 pesos”.
Según el denunciante, “este incremento patrimonial no guarda relación con los ingresos declarados, y autoriza entonces a calificarlo tal como lo postula la figura típica: apreciable e injustificado”.
Tailhade resaltó que Iglesias declaró que en junio de 2019 “adquirió un vehículo todoterreno que declaró en $ 711.200 (unos US$ 15.500 al cambio de la fecha). Dos meses después incorporó a su patrimonio una propiedad de 100 m2 en CABA adquirida con “ingresos propios”; por el 50% de la titularidad declaró un valor de $ 8.769.280, que al cambio de esa fecha representaban US$ 188.222. Además, al final del ejercicio declaró una tenencia en efectivo de diez mil dólares (US$ 10.000) que no poseía al inicio, adquiridos también con ingresos propios”.
“En la red social Twitter, Iglesias aseguró que los ingresos provinieron ‘de la venta de mis libros’, una justificación a todas luces ridícula siendo que no editó libros ni en 2018 ni en 2019”.
Además, Iglesias dijo en un discurso en el Congreso que había heredado dos departamentos tras la muerte de su madre, pero se quejó porque ambos tienen “rentabilidad negativa”. En esa misma exposición, aseguró: “vivo de mi dieta”.
En cuanto a De Andreis, exsecretario General de la Presidencia durante el gobierno de Mauricio Macri, “comenzó en la gestión pública nacional declarando ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de 2.258.147 pesos y se retiró de la actividad a fines del año 2019 declarando un patrimonio neto de 13.149.190”.
En ese contexto, en 2015 De Andreis declaró que adeudaba a su esposa 417.000 pesos pero cuando terminó la gestión la había saldado pero “no logra justificar cómo o con qué ingresos abonó dicha suma”. “Contablemente se puede decir que esa deuda encajó justo para justificar las sumas mencionadas, pero lo que omitió justificar es la causa de la deuda, cuándo la abonó y de dónde surgió el dinero para abonarla”, subrayó Tailhade.
El denunciante advirtió que la esposa de De Andreis, “junto con su familia paterna está relacionada con la firma offshore Parquemar Group, la cual esta sospechada de lavado de dinero”.
“Lo más llamativo es la incorporación a su patrimonio, el 18 de diciembre de 2018, de un departamento cuya superficie es de 370 metros cuadrados de un valor de escrituración de 31.154.880 pesos – valor de escritura y no de venta de mercado- declarando ser el titular del 50%”.
“Queda demostrar cómo generó esos ingresos en tres años dentro de la actividad pública. (…) De Andreis utilizó el total de sus ingresos para vivir, léase para sus gastos anuales. Por lo tanto, no encuentra razón entre lo percibido, lo gastado y el incremento del patrimonio”.
Sobre Fátima Micheo, subsecretaria de Comunicación Presidencial de la Secretaría General, “en menos de cuatro años su patrimonio creció en más de 25 veces”.
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