La jornada de protesta en defensa de los jubilados terminó en un enfrentamiento violento con las fuerzas de seguridad. Miles de personas, incluyendo adultos mayores y grupos de hinchas de fútbol, se habían reunido frente al Congreso para reclamar aumentos en las jubilaciones y mejoras en el sistema previsional. Sin embargo, la respuesta del Gobierno fue la represión.
Por orden de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, efectivos de la Policía Federal y Gendarmería avanzaron sobre los manifestantes con balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes. La represión dejó un saldo de al menos 25 detenidos y numerosos heridos. Uno de los casos más graves fue el del fotógrafo Pablo Grillo, quien recibió un disparo en la cabeza y se encuentra internado con pronóstico reservado.
Un operativo brutal y desorganizado
El despliegue policial no solo fue violento, sino también descoordinado. A pesar de la magnitud de la protesta, las autoridades no cortaron el tránsito en las inmediaciones del Congreso, lo que dejó a cientos de automovilistas atrapados en medio del enfrentamiento.
Testigos aseguraron que los agentes de seguridad atacaron indiscriminadamente a los manifestantes. “A una jubilada le tiraron gas pimienta en la cara sin motivo”, denunció una testigo que participaba de la marcha. “Solo pedíamos lo justo para los jubilados, pero nos trataron como delincuentes”, agregó.
La manifestación había reunido a personas de todas las edades y procedencias, incluyendo a hinchas de distintos clubes de fútbol que se autoconvocaron para apoyar el reclamo. En un hecho poco común, camisetas de equipos rivales como Boca y River, San Lorenzo y Huracán, y Lanús y Banfield convivieron en las calles bajo un mismo reclamo: la defensa de los jubilados.
La reacción del Gobierno y la respuesta de la oposición
Lejos de reconocer la gravedad de los hechos, el Gobierno intentó deslegitimar la protesta. Patricia Bullrich había advertido previamente que se aplicaría el “derecho de admisión” en los estadios de fútbol a quienes participaran en la manifestación, en un intento de desalentar la movilización.
Sin embargo, la marcha fue masiva y logró visibilizar la crisis del sistema previsional. “No quiero pasar esta miseria cuando me jubile”, expresó Daniel, un manifestante de 64 años que se sumó a la protesta.
Desde la oposición, dirigentes como Gabriel Solano denunciaron que la Policía revisó colectivos de la Línea 86 en busca de personas con camisetas de fútbol para impedir su llegada al Congreso. “El Gobierno no quiere que el pueblo se organice y se exprese”, afirmó Solano.
Tras la brutal represión, diputados opositores pidieron la interpelación de Bullrich y exigieron explicaciones sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. También se estudian acciones legales contra los responsables de los ataques a manifestantes y periodistas.
El descontento social sigue creciendo
La violenta jornada dejó en evidencia el creciente malestar social y la falta de respuestas del Gobierno a las demandas populares. Mientras los jubilados continúan perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación y las políticas de ajuste, la respuesta oficial ha sido la represión.
Las imágenes de ancianos siendo golpeados por la Policía y manifestantes heridos recorrieron las redes sociales, generando un fuerte repudio. Organismos de derechos humanos ya han pedido informes sobre lo sucedido y exigieron el cese de la violencia institucional.
A pesar de la represión, los manifestantes aseguraron que continuarán en las calles. “Nos podrán golpear, pero no nos van a callar”, advirtieron. Mientras tanto, el Gobierno enfrenta un nuevo foco de conflicto y una creciente presión social que no parece dispuesta a ceder.