La última en concretarlo fue Entre Ríos, que el miércoles recibió el respaldo del 97,15% de sus acreedores privados para canjear un bono por US$ 500 millones con vencimiento en 2025, el porcentaje de adhesión más alto de los procesos de reestructuración provinciales hasta ahora.
“Después de siete meses de trabajo estamos muy satisfechos por haber logrado un buen acuerdo y, sobre todo, por la sostenibilidad de la deuda de acá para adelante para que no le ocasione inconvenientes a la provincia en el cumplimiento” expresó a Télam el ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay.
El acuerdo implicará que el grupo mayoritario de bonistas retire la demanda que había presentado ante los tribunales de Nueva York por default, “ya que dejó de existir la deuda”.
“A partir de agosto del año pasado se decidió dejar de pagar el cupón de intereses que vencía ese mes porque, en plena pandemia, la provincia tenía problema fiscales pero, además, se decidió priorizar otros gastos relacionados a salud, seguridad, alimentación”, sostuvo el ministro.
La refinanciación le permitió a Entre Ríos estirar dos años el plazo de repago del capital de la deuda y reducir la tasa de interés del 8,75% vigente al 6,9% promedio, el cual le permitirá un ahorro de unos US$ 117 millones hasta 2023.
A cambio, la provincia pagará unos US$ 26 millones en efectivo a los bonistas que entraron al canje y emitirá nuevos bonos por US$ 517.499.770, una vez que se cierre el pago el próximo 15 de marzo.
La más encaminada a seguir sus pasos es Jujuy, que el 5 de marzo anunció haber llegado a un principio acuerdo con un grupo mayoritario de acreedores para la reestructuración de un bono que vence en 2022 por US$ 210 millones, con un interés del 8,825%.
El acuerdo incluye el pago en efectivo del 60% de los intereses devengados y, el resto, a capitalizar en nuevos bonos con fecha de vencimiento en marzo de 2027, que tendrán una tasa de interés del 5,25% hasta septiembre de 2021, para luego aumentar al 5,75% hasta marzo de 2022, y al 8,375% hasta el cierre la fecha de liquidación final.
La propuesta necesitará el apoyo de, al menos, el 75% de los acreedores y la suscripción del consentimiento para la emisión de nuevos bonos cerrará el próximo 18 de marzo, aunque la provincia podrá estirar ese plazo o terminarlo en forma anticipada.
De momento quedan cuatro provincias con negociaciones abiertas: Chaco (US$ 250 millones), La Rioja (US$ 200 millones), Tierra del Fuego (US$ 200 millones) y Buenos Aires (US$ 7.148 millones).
En abril del año pasado, Buenos Aires ofreció a los tenedores de sus 23 bonos en dólares nuevos títulos con un período de gracia de tres años, un recorte del 55% de interés y del 7% en el capital, con una extensión promedio de los bonos a 13 años.
El objetivo del gobierno de Axel Kicillof es ahorrar unos US$ 5.000 millones hasta 2030 y dar aire a las arcas provinciales que, de lo contrario, deberían pagar en los próximos cuatro años cerca del 80% del total adeudado por la provincia a acreedores externos.
Sin embargo, a casi un año de aquella oferta, la propuesta fue prorrogada 13 veces y aún no consiguió el apoyo necesario para “arribar a un acuerdo que sea sostenible y duradero en el mediano y largo plazo”.
“El equipo económico continúa manteniendo diálogo con los acreedores privados externos”, sostuvo la cartera de Finanzas bonaerense, a cargo de Pablo López, en su último comunicado sobre este tema, en el que extendió el plazo de aceptación hasta el 26 de marzo próximo.
Los acuerdos alcanzados hasta ahora por las provincias de Córdoba (US$1.685 millones), Neuquén (US$ 700 millones), Río Negro (US$ 300 millones), Chubut (US$ 700 millones), Mendoza ( US$ 530 millones) y Salta (US$ 388 millones) guardan ciertas similitudes.
No incluyeron quitas de capital, reconocieron los intereses no pagados -que abonarán en efectivo y/o con su capitalización-, lograron la extensión de los plazos de vencimiento del capital y alcanzaron una reducción del cupón de interés promedio.
De esta forma, si bien casi ninguna redujo el total a pagar de deuda, sí alcanzaron alivios en los pagos para los próximos tres años que fueron desde los US$ 60 millones hasta los US$ 320 millones, según estimaciones privadas.
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