Gobernadores de dicienueve provincias arremetieron contra la intención de la Ciudad de Buenos Aires de judicializar los reclamos sobre los fondos que corresponden a la nación y manifestaron que el ámbito natural de discusión de estos temas es el Congreso de la nación.
“Las y los gobernadores consideramos que se deben respetar los mecanismos que establece nuestra Constitución para las transferencias de competencias, servicios o funciones de la Nación a las provincias”, indicaron en un texto publicado en medios nacionales.
Los gobernadores oficialistas firmantes son Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Omar Gutiérrez (Neuquén).
También suscriben Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Juan Manzur (Tucumán).
Según indican en el texto, “en el párrafo 5° inciso 2° del artículo 75 de la Constitución Nacional se establece claramente que los traspasos deben realizarse con la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso”.
“Cuatro años atrás, las provincias coincidíamos en marcar lo improcedente del decreto por el cual Mauricio Macri transfirió la Policía al gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y triplicó de manera unilateral sus recursos, en desmedro del resto de los distritos, ya que se trataba de recursos nacionales”, cuestionaron los mandatarios.
En ese marco, indicaron que “siempre hemos planteado el debate desde la política, y con carácter federal”. “Ninguna provincia judicializo esta decisión arbitraria que benefició de manera injusta al distrito con más recursos del país, sin respetar los mecanismos constitucionales y sin una discusión transparente sobre los recursos otorgados”, añadieron.
Por último, afirmaron que “hoy esta irregularidad está siendo subsanada por el Congreso nacional, y en el marco de nuestra Constitución” y concluyeron: “Por eso celebramos este paso en la mejora de la calidad institucional de nuestro país”.
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