Así lo indicaron fuentes judiciales al señalar que el Superior Tribunal también nombró a la jueza Lorena Toledo, de la misma circunscripción judicial, para hacerse cargo del caso y definir si devuelve a la niña a la familia que la cría hace cuatro años.
La jueza Jones decidió quitarle al matrimonio Dávalos-Rodríguez la tenencia de la nena y otorgar la adopción a una pareja de policías que vive en Posadas.
En ese contexto, cuando la niña era retirada ayer del juzgado por efectivos de la Policía se produjeron forcejeos, golpes y tirones de familiares de la pareja que tenía a la niña en guarda e integrantes de la familia natural de la nena, que protestaban frente al juzgado.
Si bien la magistrada le impuso un bozal legal a la pareja y a sus abogados, familiares del matrimonio que tenía a la niña señalaron que “la escuchamos llorar adentro del juzgado toda la tarde (de ayer) y después se la llevaron con la policía”.
Además, indicaron que había un trámite de adopción en curso que la misma jueza se encargó de dilatar todo lo posible y que cuando la niña estaba perfectamente integrada a su familia, la magistrada decidió de manera intempestiva sacarles la custodia.
La jueza Jones aseguró hoy que la culpa de los hechos violentos ocurridos en la tarde de ayer en la vereda del juzgado son responsabilidad de la policía, que debía trasladar a la menor de edad.
En cuanto a su actuación en el caso, aseguró al canal 6 de Posadas que “la menor estaba al cuidado de una familia en carácter transitorio. Ellos eran una familia solidaria, que no admite que puedan adoptar a la niña”.
“La familia que tenía en custodia a la menor siempre estuvo al tanto de que tenían a la niña en guarda de manera transitoria”, explicó, cosa que niega la familia y asegura haber iniciado el trámite de adopción definitiva.
Por su parte, Miguel Molina, defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de Misiones, criticó el accionar de la Justicia y de la policía en el caso.
“Siempre se debe preservar a los Niños, Niñas y Adolescentes de escenarios de conflictos y de violencia personal e institucional“, dijo el funcionario y agregó que “el uso de las fuerzas debe ajustarse a protocolos y es necesaria la actuación de los organismos de protección de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes”.
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