Esta medida judicial tiene como objetivo “evitar la suspensión de una prestación que podría afectar a miles de pacientes” tal como fue anunciado por los prestadores que conforman las organizaciones antes mencionadas “a través de diversos comunicados en los últimos días”.
“Queremos denunciar públicamente nuestra profunda preocupación ante las medidas extremas de amenazar con el corte de una prestación fundamental para garantizar la salud de nuestras personas afiliadas y utilizar la misma como extorsión en el marco de las mesas de negociación”, detalló el PAMI a través de un comunicado.
Asimismo, el PAMI remarcó que el organismo “no registra ni una deuda con ningún prestador de diálisis del país. A su vez este año las prestadoras de diálisis aumentaron el 70% su facturación con respecto al año pasado”, y agregó que siguen ratificando su “compromiso como obra social en el fortalecimiento de todo el sistema de salud, asegurando todos los pagos en tiempo y forma”.
En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), PAMI otorgó “suplementos especiales para costear -hasta la finalización de la emergencia sanitaria- la compra de elementos de bioseguridad y el traslado de pacientes ubicados a menos de diez kilómetros de distancia de los centros de atención”.
“El compromiso de la obra social, la más grande de América latina, es garantizar el acceso a la salud de todas sus personas afiliadas. Asimismo, ratificamos la voluntad de diálogo del organismo, evidenciando las negociaciones y ofrecimientos que ha realizado la obra social”, afirmó el organismo.
Y concluyó: “Cuando se trata de la vida y la salud de nuestras personas afiliadas, el PAMI no dudará en instrumentar todas las herramientas del Estado y de la Justicia que se ofrecen para resguardar el derecho a la salud”.
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