Burford acusa a Santiago Caputo de manipular YPF para embargar activos argentinos

Argentina enfrenta la obligación de pagar USD 16.000 millones tras perder un juicio por la estatización de YPF. La justicia de Estados Unidos ha establecido un calendario para reunir información sobre los activos y bienes del país, con el objetivo de cumplir con la sentencia. Este proceso, conocido como “discovery”, concluye el 14 de diciembre.

El fondo Burford, sospechado de ser socio de la familia Eskenazi, ha puesto sus ojos en el 51% del paquete accionario que posee el Estado en YPF y en el Banco Nación. Su principal argumento es que estas no son empresas autónomas, sino extensiones directas del gobierno argentino.

Entre la documentación presentada ante la jueza Loretta Preska, Burford ha incluido información periodística que sugiere que Santiago Caputo, quien tiene control sobre YPF, colocó a su socio Guillermo Garat como vicepresidente a cargo de la publicidad. Durante los primeros seis meses de gestión, la pauta publicitaria de la petrolera se incrementó significativamente hasta alcanzar los 33 mil millones de pesos.

El uso de YPF como una herramienta para distribuir publicidad estatal refuerza la tesis del “alter ego”, sostenida por los acreedores. Según ellos, otras empresas como Aerolíneas Argentinas o el Banco Nación son, en realidad, prolongaciones del Estado argentino y, por lo tanto, podrían ser sujetos de embargo a favor del fondo litigante.

Para reforzar esta acusación, Burford ha solicitado más pruebas. En el marco del discovery, el fondo pidió a la Corte estadounidense acceso a los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp de 26 funcionarios, entre los que se encuentran el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el exministro de Hacienda y excandidato presidencial, Sergio Massa.

Según la presentación de los demandantes, “la República se ha negado a recopilar y producir documentos relevantes que no están contenidos en cuentas de correo electrónico mantenidas por el gobierno, incluyendo comunicaciones transmitidas a través de cuentas de correo electrónico personales o aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Slack o Gmail”.

En respuesta, la defensa argentina apeló al fallo conocido como Attestor de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que estableció que solo son embargables los bienes de un Estado extranjero si cumplen con dos condiciones: el bien está en Estados Unidos y se usa para una actividad comercial en dicho país. Esta apelación rechaza la idea de que cumplir solo con la primera condición sea suficiente.

Por su parte, YPF ha solicitado a la jueza Preska que le permita intervenir en el proceso solo para descalificar la insinuación de los demandantes de que la empresa es un alter ego del Estado nacional.

Argentina tiene plazo hasta el 14 de diciembre para pagarle a Burford o, de lo contrario, el fondo decidirá cómo cobrarse. Si no se llega a un acuerdo entre las partes, será la jueza Preska quien tome la decisión final. La jueza ya convocó a una audiencia para el 3 de septiembre para determinar el alcance del discovery, un dato clave en este proceso, ya que Preska ya eximió a YPF de responsabilidad en su fallo sobre el fondo de la demanda.

Del lado de los litigantes, el fondo Burford es considerado un buitre de segunda generación. Según la historia oficial, adquirió los derechos del juicio del grupo Petersen Energía, que ingresó a YPF sin invertir un solo dólar, financiando su participación a través del Banco de Santa Cruz, presidido en ese entonces por Carlos “El Chino” Zannini. El grupo no pudo pagar el crédito y terminó en quiebra con sus empresas en España.

El fondo inglés pagó USD 17 millones para quedarse con el juicio, con el compromiso de participar en un 30% de la indemnización. Según rumores, ese es el porcentaje que recibirían los Eskenazi.